La Guardia Civil concluye que un ex alto cargo del Govern consensuó con el responsable de la empresa postal Unipost una guía sobre cómo actuar si las autoridades les pedían explicaciones sobre los encargos del 1-O, en que valoraron como clave destruir pruebas, como las imágenes de cámaras de seguridad.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe, remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, que investiga a una cuarentena de personas, entre ellos varios ex altos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum. Según el informe, Francesc Sutrias, que ostentaba el cargo de director de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Conselleria dirigida por Oriol Junqueras, mantuvo conversaciones con el responsable de Unipost, el también imputado Pau Raventós, sobre el reparto postal de las tarjetas censales y las cartas certificadas para los miembros de las mesas electorales del 1-O.

La Guardia Civil sostiene que Sutrias elaboró un documento junto con Raventós para valorar si, ante un eventual requerimiento de las autoridades, habría que optar por prestar declaración o no hacerlo y, en todo caso, preparar las posibles respuestas sobre los pedidos, los canales de recepción y la forma de ejecutarlos.

La Generalitat gastó 17 millones para poner en marcha la Hacienda catalana

Sutrias y Raventós consensuaron una guía de cómo actuar ante un requerimiento de las autoridades, guía en la que "expresamente valoraron como clave destruir pruebas", en referencia a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa postal. Según el informe, Sutrias quedaba también de forma habitual con otro imputado, Pau Furriol, dueño de la nave donde la Guardia Civil intervino miles de papeletas del 1-O.

Asimismo, la Guardia Civil cifra en 17 millones el dinero gastado por la Generalitat, cuando gobernaba Carles Puigdemont, para desplegar la Administración Tributaria de lo que pretendían que fuera la futura república catalana.

Además, habían realizado un cálculo de 500 millones para el despliegue completo y una estrategia para gestionar las pensiones y prestaciones sociales que ahora hace la Tesorería General de la Seguridad Social, según la documentación incautada al ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó, uno de los hombres de Junqueras.