La juez que investiga al novio de Ayuso cita como investigada a la mujer del presidente de Quirón Prevención
González Amador le compró por medio millón de euros una sociedad en una operación que las acusaciones creen que podría ocultar el pago de una comisión

La juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha citado como investigada el próximo 19 de junio a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL a quien el empresario compró una empresa por medio millón de euros en lo que las acusaciones consideran que fue una comisión encubierta.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que investiga a González Amador por dos presuntos delitos fiscales y por posible corrupción en sus negocios con Quirón Prevención, ha citado a la mujer del presidente de esa entidad el 19 de junio con el fin de averiguar si en realidad hubo una comisión encubierta.
La operación investigada fue la compra en el año 2020 de la empresa Círculo de Belleza por 500.000 euros, cuando, según los informes de la Agencia Tributaria, esa firma "carecía de actividad y patrimonio" y cuando la empresaria, que poseía el 60% de las participaciones, compró el 40% restante por apenas 16.000 euros a su marido y a su hermano tres meses antes de venderla incrementando su valor un 1000%.
El pasado 10 de abril, el novio de Isabel Díaz Ayuso documentó ante la magistrada los ingresos obtenidos de Quirón Prevención, negando su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.
Se trata de la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
Nuevos delitos
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L --empresa de Alberto González Amador-- y su cliente Quirón Prevención S.L".
La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".
Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".
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