El senador del PSOE de Huelva Jesús González ha pedido a la Junta de Andalucía que cubra las plazas de funcionarios especializados en el Servicio Provincial de Menores de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, "que se encuentra falto de personal cualificado que dé curso a los expedientes". "Hoy por hoy sólo se están atendiendo los casos urgentes, de manera que los procedentes de los Servicios Sociales y Servicios Sociales Comunitarios y otras entidades se encuentran sin resolver, incumpliéndose la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor”.

Según ha comentado el senador, la titular de esta Consejería, la onubense Loles López, “tiene desatendido un servicio que se encuentra en una casi completa paralización de las funciones en lo que se refiere a la instrucción de procedimientos de menores en desamparo y riesgo, en la tramitación de los expedientes de acogimiento, posibles adopciones y otros asuntos”.

Así, ante situaciones de desamparo o riesgo de menores los Servicios Sociales o Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, conocido un caso y tras un proceso de intervenciones de apoyo a la familia con el objeto de que ésta supere la situación que supone riesgo para las personas menores, sin necesidad de separar a éste de su medio, "la Delegación Territorial no tramita los casos porque carece de medios humanos para ello”.

Jesús González ha remarcado que se trata de “casos graves donde esos servicios que actúan previamente han intervenido sin éxito para reducir el riesgo para los menores, ante situaciones de negligencia, abandono u otro tipo de maltrato emocional o físico; bien por incapacidad de los padres, o bien por un inadecuado ejercicio de las funciones parentales”.

Llegados a este punto, los expedientes se trasladan a los servicios centrales para que se proceda a la vista del riesgo o desamparo del menor, a valorar su situación y a la adopción de medidas para solucionar cada caso. Para ello “lógicamente debe de haber un proceso de apertura e instrucción del expediente, tramite de audiencias y comprobación de la existencia de riesgo o desamparo; y la propuesta de medidas correctoras de protección oportunas. Y esto no se está dando en Huelva, los casos no están siendo valorados por la Unidad Tutelar de Menores del Servicio Provincial”, ha explicado González.

"El plazo de instrucción es de tres meses, más tres meses más de prórroga, pero como no van a resolver los expedientes en ese plazo porque no hay personal que proceda a ello, directamente no se inician, por lo que hay un verdadero atasco”, ha lamentado el senador, quien ha agregado que de este modo “los menores cuyos casos se han puesto en conocimiento por riesgo grave, siguen sin medidas protectoras”.

Para los socialistas, se trata de un “verdadero problema”, porque “no es una ayuda, no es una prestación, es dar una respuesta a menores que pueden estar en verdaderas situaciones de riesgo y desamparo”.

Con todo ello, el senador advierte del incumplimiento de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en concreto, de su artículo 14. Atención inmediata, donde se recoge que: “Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal”.

Para terminar, Jesús González ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que se dé una solución “inmediata y que se proceda a la puesta en marcha al completo este servicio. Incluso, que se acuerde un plan de choque que desatasque los expedientes antiguos y, por supuesto, que se dote y dé cobertura de todas las plazas necesarias en la unidad tutelar del Servicio Provincial de Menores de Huelva”.