La Cámara de Cuentas interrumpe la fiscalización de los contratos menores de la Junta de Andalucía

El órgano fiscalizador no fiscaliza. La Cámara de Cuentas, el organismo dependiente del Parlamento de Andalucía que vigila la gestión de los fondos públicos, ha decidido aplazar la aprobación del "informe sobre la contratación del Sector Público con especial referencia a la contratación menor". Los contratos menores aprobados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) están en el foco público a raíz de la pandemia y hay dos juzgados que investigan los procedimientos de licitación en Andalucía durante ese periodo, tiempo en que la crisis del coronavirus obligó a numerosas compras de emergencia con controles administrativos menos estrictos.

Que dichos contratos estén siendo investigados en "un proceso judicial en curso" es la razón que argumenta la Cámara de Cuentas para "posponer" la aprobación de las directrices técnicas del informe. Así lo decidió el Pleno de la Cámara de Cuentas, que tiene la mayoría del PP y Vox, en la sesión del pasado 15 de mayo, según ha podido confirmar este periódico de una noticia adelantada por la Cadena SER.

"El motivo de esta decisión, tomada por la mayoría del Pleno, es la existencia de un proceso judicial en curso, ante el que la Cámara quiere mantener una posición neutral, para evitar interferir en su desarrollo", explican desde la Cámara de Cuentas. Sin embargo, continúa detallando esta fuente, "una vez que culminen" los procesos judiciales en marcha, "se procederá a continuar con el desarrollo previsto del trabajo con todas las garantías necesarias".

Fuentes de los grupos de la oposición del Parlamento andaluz han criticado la interrupción de la fiscalización de los contratos menores de la Junta, aludiendo a precedentes en los que el órgano fiscalizador no actuó de tal modo. "Este procedimiento", defiende sin embargo la Cámara de Cuentras, "no puede considerarse de ninguna manera algo excepcional, ya que, en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera, siempre amparados por la legislación vigente".

El PSOE pide la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas

La decisión de la Cámara de Cuentas de interrumpir la fiscalización de los contratos menores de la Junta ha provocado la inmediata respuesta del Grupo Parlamentario del PSOE. Su portavoz, María Márquez, ha anunciado este viernes que van a pedir la comparecencia extraordinaria del presidente del órgano fiscalizador, Manuel Alejandro Cardenete, para que informe al respecto, ha informado Efe.

"Qué no estará pasando, con lo que han hecho con la sanidad privada, que no quieren que nos enteremos absolutamente de nada", ha dicho la portavoz socialista, que ha resaltado que la Cámara de Cuentas debe suponer "la garantía de que el dinero se gasta bien en Andalucía".

Márquez ha recordado que este jueves el PP ha votado en el Parlamento en contra de la creación de una comisión de investigación sobre esos contratos, "con más de 1.500 millones de euros que se sabe que han desviado a dedo, sin control y en trocitos, dándoselos a las empresas que ellos han querido".

La portavoz socialista ha recordado que hay 19 informes de los interventores de la Junta de Andalucía que alertaron de que "las cosas no se estaban haciendo bien", que el Gobierno andaluz "despidió a esos empleados encargados de controlar el dinero".

El 75% de los contratos en 2020 registraron incumplimientos

Hace un año, la Cámara de Cuentas dio cuenta en un informe de que se habían producido "incumplimientos" en el 75% de los contratos de emergencia tramitados por la Junta de Andalucía en 2020, el primer año de la pandemia. La auditoría del órgano fiscalizador andaluz, que analizó sólo una muestra de los contratos llevados a cabo aquel año, revela que la emergencia de un 20% de ellos quedó "insuficientemente justificada" y que un 32% presentó una "defectuosa planificación".

En el desglose de los incumplimientos en la contratación en los que incurrió la Junta de Andalucía y los entes asociados, la Cámara de Cuentas encontró un volumen significativo de expedientes con incidencias en la justificación de la tramitación de emergencia, entre los que constaron que servicios u objetos contratados "no iban dirigidos a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al Covid-19 ni guardaban relación con las necesidades inmediatas para paliar la situación de crisis sanitaria".