La Audiencia de Sevilla suspendió recientemente el juicio por las ayudas concedidas al conocido como "chófer de la coca", Juan Francisco Trujillo, el que fuera conductor del ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, por un cambio de última hora de un abogado. Este es el último de los avatares que ha sufrido uno de los juicios más relevantes de la macrocausa de los ERE, tras la denominada pieza política o del "procedimiento específico", en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este caso lleva cinco años en la Audiencia de Sevilla esperando juicio y ha pasado por dos jueces jubilados, otro que ha solicitado el traslado y un cuarto que se abstuvo por haber sido con anterioridad alto cargo de la Administración.

Este es el largo peregrinar del juicio al "chófer de la coca". Para empezar, no hay que olvidar que esta pieza del caso de los ERE es una de las primeras cuya instrucción terminó en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a finales de 2017. De hecho, el sumario fue enviado por el turno de reparto para su enjuiciamiento a la Sección Primera de la Audiencia el 1 de diciembre de 2017, siéndole asignada la ponencia al presidente de esta Sala, el magistrado Pedro Izquierdo, quien no obstante instó su abstención tras haber sido con anterioridad recusado para el enjuiciamiento de la pieza política por haber sido durante seis años secretario general para la Justicia.

En febrero de 2018, se aceptó la abstención de Pedro Izquierdo y en abril se designó como nueva ponente a la magistrada María Auxiliadora Echávarri. En septiembre de 2018, la Audiencia dictó un auto en el que, dado que en este proceso coincidía uno de los acusados con el del juicio a los ex altos cargos -el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero-, se retrasó el inicio de la vista oral hasta que finalizara dicho juicio, que se prolongó durante un año, y acabó con la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo con fecha del 14 de septiembre.

Una provincia dictada ahora por la Sección Primera de la Audiencia recuerda que, durante todo este "largo periodo de suspensión, han sido muchas las renuncias y cambios de los abogados de las partes, así como también los cambios de los magistrados de esta sección por varias vicisitudes", entre las que destaca la jubilación voluntaria en enero de 2019 de la juez María Auxiliadora Echávarri, o el traslado a la Audiencia de Alicante de la magistrada Encarnación Gómez Caselles, quien había ocupado la plaza de la anterior tras su marcha y que había sido nombrada ponente del juicio al antiguo conductor de Javier Guerrero.

A ello se une que, con fecha de agosto de 2021, se jubiló también voluntariamente el magistrado Juan Antonio Calle Peña -el ponente de la primera sentencia de los ERE y que también formaba parte del tribunal encargado de juzgar al chófer-, por lo que de nuevo para formar la terna del tribunal y según el turno de sustituciones volvió a nombrarse miembro del tribunal para este caso al magistrado Pedro Izquierdo, quien se había abstenido para conocer del caso. 

Sin embargo, según recoge la providencia, este magistrado fue incluido por error en algunas de las resoluciones dictadas, por lo que la Audiencia señala que estas resoluciones "deben ser anuladas, pese a que no se ha causado indefensión y constar que habiendo sido todas notificadas, ninguna de las partes interpuso recurso".

En la resolución dictada ahora por la Sección Primera se acuerda subsanar el error y acordar de oficio, al amparo del artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la "nulidad de todas las resoluciones donde conste que ha participado en esta causa" el magistrado Pedro Izquierdo. Se trata, en concreto, de un auto de marzo de 2022 y dos providencias de trámite de junio de 2021 y septiembre de 2022.

Con el traslado de la juez Encarnación Gómez a Alicante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha designado para cubrir esta vacante al magistrado suplente Antonio Miguel Vázquez.

Ante esta situación, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha acordado que comunicará a las partes la "nueva composición del tribunal" que debe juzgar el caso del "chófer de la coca", al tiempo que declarará la nulidad del auto y las providencias en las que intervino Pedro Izquierdo, pero el nuevo señalamiento de la fecha del juicio no se producirá hasta que se resuelva el incidente de nulidad que se está tramitando y se proceda asimismo a dictar un nuevo auto de admisión de pruebas.

En esta causa hay tres acusados, dado que además de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director de Trabajo Javier Gauerrero, están procesados el directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz –al que se impuso una fianza de 158.000 euros- e Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer y cuya fianza asciende a 585.000 euros, mientras que la esposa del conductor de Guerrero, Juana Gallego, debe hacer frente a una fianza de 77.000 euros como beneficiaria "a título lucrativo” de las ayudas que recibió su marido.

La Fiscalía reclama 14 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el chófer una condena de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que solicita una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del conductor del ex alto cargo.

El Ministerio Público reclama asimismo que Trujillo indemnice a la Junta con 900.000 euros; mientras que Trujillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer. El fiscal pidió además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable "a título lucrativo" de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer "idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades "para financiar falsos proyectos de inversión".