Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Huelva condenaron ayer los ataques a las viviendas del presidente de la institución, Ignacio Caraballo, y de la delegada territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Rocío Jiménez, del pasado viernes. Pero su censura a los actos vandálicos llegaron en dos comunicados distintos: por un lado PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, remitido por la propia Diputación, y por otro, el Partido Popular. ¿La diferencia entre ellos? ¿La causa por la que los populares no completan el escrito de repulsa institucional? Según afirman desde el PP, la vinculación de los ataques con las protestas de los agricultores contra el Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana "sin estar acreditada dicha relación".

En el comunicado de la Diputación suscrito por los tres grupos restantes se rechazan "las acciones vandálicas" de las viviendas de ambos cargos públicos socialistas, se lamentan los ataques sufridos "sin ninguna base razonada", "sin ninguna justificación", impropias "de un sistema democrático representativo". Añade también que Ignacio Caraballo y Rocío Jiménez no van a "sucumbir a esta clase de intimidaciones que coartan la libertad personal y privada de personas que han sido elegidas democráticamente para representar a los ciudadanos".

El rechazo a los actos es unánime pero no la vinculación velada con las protestas agrícolas

Es al final, en el cuarto y último párrafo del escrito, en el que se valora "la aplicación del Plan de la Corona Norte del Condado de Huelva", según se apunta, "en referencia al motivo que ha provocado los ataques". No hay menciones explícitas a los regantes ni a sus protestas de estos días.

Desde el PP, sin embargo, el portavoz en la Diputación, David Toscano, al margen de advertir que "no hay justificación alguna para estos ataques", considera "muy atrevido" que, sin conocer aún la autoría de los hechos, "se intente criminalizar a agricultores de la provincia que protestan ante esta situación que consideran injusta".

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, desmarcó el sábado las protestas del colectivo de los ataques sufridos por los dirigentes socialistas. Pese a ello, el diputado socialista en Madrid José Juan Díaz Trillo siguió un guión parecido al del comunicado de la Diputación: "Espero que se pueda averiguar quién ha podido llevar a cabo estos actos, y en este sentido quiero referirme al conflicto que se ha planteado en torno al Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana". Rechazó "acusar sin pruebas" pero no dejó la ocasión de hablar de las sospechas lanzadas "unidas a un conflicto en las puertas de la Delegación de la Junta".

Pese al desmarque por estas referencias, el PP subrayó su condena "explícitamente por estos actos vandálicos".