El presidente de la Diputación provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, aseguró que después de la celebración de la Feria de Turismo en Madrid, mantendrá a lo largo de la próxima semana una reunión con los alcaldes de Lepe, Ayamonte, Cartaya e Isla Cristina quienes, según adelantó Huelva Información, se plantean la creación de un consorcio público para la prestación de los servicios de extinción de incendios y de recaudación de impuestos municipales.

El presidente de la institución provincial reconoció que los cuatro regidores le habían solicitado el encuentro para trasladarles sus propuestas, pero esgrimió la "necesaria prudencia como para no adelantar ningún tipo de acontecimiento hasta que les haya podido escuchar y que me trasladen sus necesidades en ambos ámbitos; será entonces cuando me pronuncie".

Sí recordó, no obstante, que "los servicios que presta la Diputación provincial se hacen en base al principio de solidaridad entre todos los municipios de la provincia y que siempre nos hemos amparado en esa solidaridad a la hora de llevarlos a cabo".

Según adelantó Huelva Información el pasado sábado, la intención de estos municipios, todos ellos gobernados por el PP, es asumir el servicio de extinción de incendios a través del parque de bomberos de Ayamonte y su plantilla, lo que permitiría "aumentar la plantilla fija y disponer así de más bomberos por turno", además de dotarle de más medios humanos y materiales con el 1,8 millones de euros que les cuesta anualmente a los cuatro su aportación a la Diputación.

En lo que se refiere al servicio de recaudación de impuestos municipales, el servicio de Gestión Tributaria que presta el ente provincial supone a las cuatro localidades una aportación de 1,5 millones de euros mediante lo que se denomina un premio de cobranza, es decir, que la Diputación se queda con un porcentaje del total de los impuestos recaudados por la gestión realizada. Los cuatro alcaldes apuntan en un escrito al que tuvo acceso este diario su "insatisfacción por la recaudación actual, ya que hay pendientes de cobrar más de 40 millones de euros, algo que causa un evidente perjuicio a las arcas públicas".