En el artículo anterior me refería al riesgo de que la Administración pública española, cuyas rigideces estructurales afectan seriamente a la eficacia de su labor, vea obstaculizado aún más su funcionamiento en coyunturas en las que a una normativa sumamente prolija se añaden los temores a los ataques de censores políticos, al acecho de presuntos fallos que pudieran influir en la opinión de los ciudadanos. A la hora de formar esta opinión es importante que estos sean capaces de analizar de forma objetiva las situaciones en cada caso y de aplicar criterios correctos para proponer las mejores soluciones. No es necesario decir que cuando, como sucede ahora, la actualidad política se encuentra dominada de forma absoluta por hechos excepcionales como la sedición de la mitad de la clase política de Cataluña, lamentablemente apoyada por casi la mitad de la población, la labor de gobernar pasa a tener caracteres heroicos y el peligro de paralización y recesión aparece como consecuencia inevitable de la insensatez nacionalista.

Tenemos la suerte de vivir en un sistema democrático que nos permite elegir a nuestros gobernantes. Pero es evidente que el sistema -por otra parte, el menos malo de los conocidos- adolece de serios defectos. Uno de ellos es que muchos de nuestros dirigentes muestran más apego al cargo que al servicio al que se deben, por lo que, conscientes de que la continuidad en su puesto depende de la impresión que causen en los electores, dedican buena parte de sus esfuerzos, más que a producir acciones positivas, al maquillaje de las mismas para obtener réditos políticos.

Es por ello que una misión irrenunciable de la sociedad civil es mantener con los políticos una relación constructiva en la que la elaboración de propuestas razonables vaya unida a un control de sus actuaciones, observando atentamente si las líneas maestras de estas se orientan en la dirección adecuada. Por ejemplo, planificando acciones de gobierno que contemplen un horizonte a largo plazo, más allá de los cuatro años de la legislatura, o priorizando la lucha contra las escandalosas desigualdades del país y del mundo. El mensaje de la ciudadanía a sus representantes debe además dejar claro que cuestiones como estas debían quedar al margen de la lucha entre gobierno y oposición, lo que les permitiría aunar sus energías y alcanzar objetivos ambiciosos, pero imprescindibles.