La gran mayoría de los españoles pensamos que la convocatoria adelantada del pasado 23 de julio, en plena canícula y muchos españoles de vacaciones, entre otras circunstancias de absoluta anormalidad para unos comicios generales, no era la fecha indicada para una consulta democrática de tal envergadura. Dadas las perspectivas que planteaba la votación y las posibilidades de cambio, resultaba en pura lógica previsible el resultado. No fue así y si desafortunada fue la cita electoral, desdichados fueron los resultados porque han dejado un panorama de incertidumbre y de complejos planteamientos que, en lugar de resolver los grandes dilemas del país, se agravan ante posibles situaciones intrincadas, indeseadas e indeseables. Los espectaculares resultados del 28M y las esperanzadas previsiones de las encuestas – con cuyo coste, dicen, se monta la redacción del New York Times - no tuvieron la trascendencia esperada.

Así asistimos – y en cierto modo participamos - a un espectáculo realmente inaudito y gravemente insólito. La pretensión del presidente Sánchez de seguir gobernando pese a perder las elecciones, dada la precariedad de escaños obtenidos por el ganador, Feijóo, habla de manera insistente – e intencionada en muchas ocasiones -, de pactar con Junts por Cataluña y concretamente con su líder, el tránsfuga de la Justicia, Carles Puigdemont. Esta alternativa expuesta con la normalidad con la que se esgrime por unos y otros, especialmente por los más interesados, por muchos de los que votaron por los socialistas pero, seguramente, no por esta fórmula de gobierno, y por los medios informativos, que por razones obvias están a su favor, repugna por su indignidad e infamia.

Sería o será un gobierno por doble chantaje. Lo ha dicho el fugado Puigdemont: “El chantaje político” no hará que Junts vote a favor de la investidura. Y ha asegurado que Pedro Sánchez “no será presidente” porque miente y no cumple, añadiendo que “si quiere gobernar debe poner una oferta política valiente sobre la mesa”. La oferta ya sabemos cual es. Pero en estas especulaciones y escaramuzas previas ni uno ni otro nos ofrecen ninguna credibilidad ya que ambos defienden sus intereses exclusivamente personales e igualmente ambiciosos. Cuando sea, y por lo que sea, porque a lo mejor nunca sabremos de las negociaciones que se llevan en secreto, bastará un ”sí” desde Waterloo para conformar la siniestra alianza. La penosa realidad es que estamos ante un gobierno integrado, entre otros grupos de innominados extremismos y filoterroristas, por nacionalistas excluyentes, insolidarios, separatistas decididos a desmantelar el Estado de derecho, las libertades y la seguridad de los ciudadanos, cuya vida se pretende interferir, satanizar a los jueces y a cuantos no piensen como ellos, poniendo en juego la independencia judicial y los valores que garantizan el cumplimiento de la Constitución y los principios que consolidan nuestra democracia.