Cuando uno duda sobre cualquier cuestión u opinión política, no hay nada más práctico que dirigirse a las hemerotecas o a los testimonios grabados o filmados en la radio y la televisión. Pero es el texto escrito y publicado el testimonio más firme y contundente para corroborar o desmentir cualquier afirmación anterior. En estos días en que tanto se discute sobre las pretensiones del prófugo de la justicia española, que huyó oculto en el maletero de un coche, Carles Puigdemont, sobre amnistía, referéndum y autodeterminación entre otras condiciones para la pretendida investidura de Sánchez , convendría reproducir algún recorte de prensa como el que nos recuerda que el 23 de marzo de 2021 la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, consideraba la admisión a trámite de la proposición de ley orgánica de los grupos ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT, sobre lo que llamaron “Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español”. La Dirección de la Asesoría Jurídica del Consejo, elaboró un informe preliminar aconsejando la inadmisión a trámite de la proposición, considerando los letrados que se trataba de un “indulto de carácter general” camuflado y, por lo tanto, contrario al artículo 62 i de la Constitución que otorga al Rey ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, “que no podrá autorizar indultos generales”.

Digno precedente que se suma a la notable cantidad de personalidades del mundo político, jurídico y mediático que han asegurado y reiterado que una amnistía es inconstitucional, cuya referencia excedería de la extensión de esta columna y entre ellos de forma destacada muchos de los que hoy la pretenden imponer. Sobre todo miembros del ejecutivo que recitan como papagayos badulaques y engañabobos tan increíbles como “¡paz social”, “convivencia”, “reencuentro”, “alivio penal” y hasta “encaje” - ¿será por encontrar eufemismos? -, por parte esta última propuesta de quien debiera guardar silencio. Pero los interesados propósitos de quienes pretenden continuar gobernando, sobre el papel, parecen seguir chocando contra los insaciables integristas nacionalistas, aunque alguno afirme que todo está ya pactado y bien pactado. Pero hay, al parecer también, una tercera colisión entre el Tribunal Supremo y el Constitucional ya que la Fiscalía del TS, prevé plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC al apreciar que la norma puede ser contraria a la Constitución. Incluso jueces que aprecian un posible encaje legal, califican la maniobra de “despropósito”

Y el ciudadano constitucionalista, sereno, consciente e informado, se ve envuelto en este duelo entre delirantes ambiciosos cuyos intereses y megalómanos afanes sin prejuicios, son capaces de un insensato desafío a la Justicia, a la propia democracia y al Orden Constitucional base de la auténtica convivencia y unidad de España, un país que no puede estar a merced de quienes pretenden presidirlo a cualquier precio.