La mentira es una constante de este gobierno de deconstrucción, como dice un amigo y destacado poeta. El adalid de ese caudal incontenible de falsedades es su presidente, pero ha contagiado a muchos de los suyos y, tal vez, por proximidad a sus ministros. Hasta Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, que parecía más fiable, nos sorprendía hace unos días, cuando mostraba su “asombro” por la petición de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial de celebrar un pleno extraordinario para abordar la ley de amnistía, acusándolos de no ser “los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad” al estar “incumpliendo claramente la Constitución, mostrar “una falta de sentido de la realidad” y no haber pedido al Partido Popular que se renueve el Consejo.

O la ministra se equivoca o es que, como norma del gobierno al que pertenece, mentía de manera flagrante. De sobra sabe que quienes renuevan el Consejo General del Poder Judicial no son los integrantes de esta corporación de jueces y magistrados, el legítimo poder judicial de un Estado de Derecho, sino los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado con su malhadado, despreciable e intolerable juego de cuotas – la abominable composición: de jueces conservadores-jueces progresistas – que transgrede impunemente la separación de poderes imprescindible en un régimen democrático. “Montesquieu ha muerto”, dijo Guerra.

No faltaron, tras las desafortunadas e insultantes declaraciones de la ministra, las manifestaciones en distintos medios informativos de algunos miembros del Consejo, que sin acritud y con moderación – al contrario de la ministra -, recordándole quienes son los verdaderos responsables de esa renovación de la institución que tanto se ha retrasado por no ponerse de acuerdo quienes debieron decidirlo hace ya mucho tiempo y, según palabras de la señora Robles, adolecen de “una falta de sentido de la realidad”. Estas manifestaciones estaban abundantemente ilustradas de argumentos coherentes, razonables y pletóricos de sólidas y profundas reflexiones jurídicas.

Ésta es una clara muestra más de la injerencia e invasión del poder ejecutivo en el poder judicial, interfiriendo su trabajo, invadie3ndo sus competencias en esa intervención abusiva de la que adolece el actual gobierno. Sabido es que su máximo órgano consultivo solo emite opinión cuando éste le solicita un dictamen, nunca por él mismo. Desde las más altas instancias, especialmente de la judicatura, se evidencia esa fundamental deficiencia de nuestra democracia, de nuestro ordenamiento jurídico: la absoluta y total separación de poderes.

Una de las gravísimas consecuencias de esta anomalía y de ese asalto al Estado de Derecho en nombre de una paz social y un gobierno progresista por un reencuentro o una supuesta convivencia, que en realidad propende a la confrontación territorial, es que el presidente pueda perpetuarse en el poder y un forajido golpista se vea liberado.