Afirma el versículo bíblico: “La boca del Justo expone la sabiduría”. En esta barahúnda de criterios legales que unos consideran acordes con el Estado de Derecho y sus inalienables principios y otros pretenden ajustar a sus intereses políticos, nos preguntamos si quienes favorecen con su voto a estos últimos, son conscientes de que quienes ostentan ese poder cada día más omnímodo, más intervencionista, tras ir apoderándose de los organismos que deben velar por la independencia de los tribunales y los derechos de los ciudadanos, mantienen el gobierno con el apoyo de partidos de extrema derecha. Concreta y exactamente el ultranacionalismo radical de la extrema derecha catalana, en tanto se desgañitan apostrofando de lo mismo a otros partidos que difícilmente incurren en las aberraciones de los independentistas cuya más osada y perversa pretensión es dinamitar la unidad indisoluble de España. Y el gobierno no sólo quiere obviar tan indigna infamia, sino que avala una ley redactada a la medida de tan inadmisible e ilegal ambición. Y todo por unos 7 miserables votos y el espantajo de una supuesta convivencia, un presunto reencuentro que prometen fulminar con un referéndum que mejor les favorezca.

Hemos llegado a una insostenible degradación de la política permitiendo un asalto a la justicia como han denunciado más de un millar y medio de juristas de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial enfrentados “al proceso de contaminación política y la ocupación progresiva del espacio judicial” perpetrado por el legislativo y el ejecutivo, instrumentando la realidad y cuestionando la acción de los jueces, lo que está minando los principios democráticos modificando, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal reduciendo la duración de las causas judiciales. El propio ministro Bolaños maniobraba para evitar que la Comisión de Venecia dictamine contra la amnistía. La presentación del libro “La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho” evidencia desde diversos puntos de vista los problemas jurídicos e institucionales que plantea la ley de amnistía expuestos por prestigiosos juristas destacando que “cualquier amnistía que se dicte por nuestro Estado constitucional y democrático vulnera la Constitución porque contraviene el principio de división de poderes que sólo la propia Constitución puede autorizar”.

Así las cosas el ciudadano puede pensar con razón que al ejecutivo no le importan los criterios de legalidad, ejerciendo una arbitraria y venal acción de gobierno con una injerencia inadmisible en el ámbito de la justicia. Entre tanto el PP sigue incurriendo en sus habituales torpezas, malogrando su ventaja en las encuestas y Vox insiste en su discurso errático que parece conducirle inexorablemente al camino a ninguna parte. Pero en esta compleja situación en que nos debatimos hay principios que el ciudadano consciente y coherente anhela: Un Estado de Derecho con una Justicia libre al servicio de España.