El investigador José María García Márquez (Alcalá de Guadaira, 1950) ha estudiado durante cinco largos años la represión franquista en Huelva hasta desvelar los oscuros secretos que se conservaban en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Negro sobre blanco sobre un particular tesoro histórico formado por 180.000 digitalizaciones grabadas en 2.310 CD que remiten a 2.488 procedimientos relativos a toda la provincia de Huelva. Miles de hombres y mujeres envueltos en una farsa judicial para justificar su eliminación física. Gracias a su empeño y al del historiador Francisco Espinosa, al empuje del proyecto de digitalización de documentos dado por el presidente de la Diputación hasta 2007, José Cejudo, y a la puesta a disposición de los investigadores a través de la web avalada por la actual presidenta de la Cámara Provincial, Petronila Guerrero, Huelva se ha convertido en la única provincia de España donde la crudeza de la represión fascista se puede investigar con facilidad y discreción a golpe de ratón y ordenador.

-Muchas horas de trabajo. ¿Se puede decir que el estudio de la represión franquista en Huelva ha concluido?

-No. Queda una parte de esta historia de Huelva sin catalogar porque el resto del archivo está mezclado con casos que remiten a otras provincias y ahí también hay onubenses, sus consejos de guerra están ahí. Podemos decir que estamos al 85% de los casos represivos: 6.000 consejos de guerra de los que se han catalogado 5.067 que dieron lugar a 389 fusilamientos. Falta una bolsa de ocultamiento muy importante en los antiguos archivos del Gobierno Militar de Huelva que han desaparecido para la consulta ya en democracia.

-¿Qué se descubre en este archivo?

-El volumen de la represión. Unos 5.000 procesos después de varios miles (unos 6.000) de asesinatos sin juicios. Huelva es la provincia más represaliada de España en relación a la población que tenía en aquella época: 355.000 habitantes. Sirva como ejemplo que en el País Vasco hay 1.800 fusilamientos y en Huelva 6.019 y eso que no se ha aclarado todavía el caso de la Cuenca Minera.

-Esas cifras aterran. Habrá sido duro descubrir este entramado.

-Lo que más me ha impactado es el volumen de los acusadores, los chivatos, confidentes, delatores y un aparato militar que contó con la colaboración activa de muchos abogados. Esto explica el silencio que se quiere imponer a esos años de plomo. Hay miles de implicados en los mecanismos de represión, a través de consejos y bandos de guerra. En Andalucía hay 212.000 consejos sumarísimos, el 65% por rebelión militar. Podemos imaginar de qué cifras de colaboradores hablamos. Cuando ves los casos uno a uno te explicas el silencio.

-Qué capas sociales se vieron más afectadas por esta represión.

-Trabajadores, campesinos, mineros, pescadores. Pero el patrón de la represión afecta, sobre todo, a personas afiliadas a partidos de izquierda. En cuanto a los pueblos de Huelva llama la atención la matanza de algunos como Alájar y Zufre. Este último padeció una eliminación de mujeres brutal. En Alájar, después de la primera represión, las llamadas fuerzas vivas y adeptos al régimen fascista siguieron denunciando a vecinos hasta conseguir un expurgo importante. En una localidad de apenas 2.000 habitantes se acaba eliminando a más de sesenta personas y en Zufre setenta y tres. El caso contrario ocurre en Hinojos e Hinojales, donde las fuerzas vivas evitan las venganzas.

-La represión se centró en Huelva mientras en otras zonas decayó a partir de 1937.

-Huelva soportó una persecución despiadada de los huidos y Queipo de Llano declaró especial zona de guerra todo el suroeste poniendo al frente al coronel Hidalgo Ambrosy. El plan hace que la represión no acabe hasta 1938, cuando se da por finalizada la operación con la eliminación de más de 600 huidos documentados hasta la fecha.

-Suponemos que entre tanta muerte habrá algunos casos que llamen la atención.

-Son tantos... pero sobre todo los suicidios. En Calañas, el guardia municipal Martínez Galán huyó a la Sierra. Desesperado ante los acosos y las batidas decidió morir en su pueblo. Regresó un día y a la entrada se sentó en una piedra, se colocó la escopeta y se disparó. La bala le entró por la parte baja de la mandíbula y le salió por un ojo. Lo llevaron al médico, lo curaron y después lo asesinaron sin consejo de guerra un 6 de septiembre, apenas 20 días después del intento de suicidio. Otro caso muy conocido es el del rocianero Diego González Cabrera. Lo detuvieron y encarcelaron en noviembre de 1937. Consiguió escapar del depósito carcelario y se tiró desde el tejado del ayuntamiento cuando la plaza estaba llena de gente. En Encinasola pillaron en 1937 al anarquista Vicente Santos y al socialista Manuel Rodríguez Pajarito. Ambos deciden suicidarse presos con una cuchilla de afeitar. Con su propia sangre realizan una pintada jaleando a la CNT y al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Cuando entran los guardias, Santos aun estaba vivo. Lo curan y después lo conducen a Huelva, donde es fusilado el 26 de octubre de ese año. Son casos muy concretos. Pero también hay otras 29 personas que escapan de un fusilamiento seguro cuando prácticamente estaban ante el pelotón, heridos, amontonados. Eso aporta mucha información sobre los asesinatos colectivos.

-En los legajos que ha descubierto durante su trabajo aparece una sorpresa histórica: la muerte de José Antonio Primo de Rivera.

-Entre los miembros del piquete que fusiló a José Antonio estaban varios milicianos de Huelva. Los falangistas los buscaron hasta debajo de las piedras. Los encontraron a todos y fusilaron. Pero estudiando este caso queda claro que la muerte de José Antonio Primo de Rivera se produce el 19 de noviembre y no el 20 como aparece en la iconografía franquista.

-¿Se puede seguir investigando?

-Sin duda. Muchos informes redactados por la Guardia Civil se han quedado en los pueblos y en las comandancias. Aun quedan importantes fondos a nivel local, aunque parte de la documentación clave se eliminó. Es el gran robo de los represores fascistas. Porque de la represión roja no falta nada, está completísima y archivada.

-Como investigador está de acuerdo con el método elegido por la Diputación Provincial para consultar los archivos de la Guerra.

-Sí. Es bueno que haya un filtro como la firma o el DNI digital para acceder a la información. Tenemos que valorar que Huelva es la única provincia que posee un archivo con los consejos de guerra digitalizados, la primera de España que ha realizado un trabajo como este. Si intentas investigar en Madrid, por ejemplo, te costaría una verdadera fortuna, por la dificultad de la tarea y la falta de agilidad.

-Nadie entiende que se persiga a un juez como Baltasar Garzón por impulsar la búsqueda de la verdad.

-En este caso se está escribiendo un capítulo más del libro Callar al mensajero, de Francisco Espinosa. Allí se relatan varios de los encuentros que la Memoria de la Guerra Civil ha tenido con la judicatura. En muchos de ellos vimos con auténtico sonrojo y vergüenza la actuación de algunos jueces. Y hay algo que no podemos olvidar: la judicatura franquista, que fue un pilar fundamental en el sostenimiento de la dictadura no sufrió purga alguna. Y las secuelas persisten hoy día.

-Parecía que la Ley de la Memoria iba a aportar esa catarsis necesaria en la búsqueda de la verdad.

-Se necesita voluntad política para ello, recursos económicos. Creo que no hay voluntad política en muchos ayuntamientos y la Ley va a remolque del movimiento asociativo de recuperación de la memoria. La Ley, en teoría, garantiza el apoyo a las familias que buscan a sus víctimas y políticamente se le cierran las puertas. No veo otra cosa que buenas voluntades aunque se ha creado cierta expectación con la fosa de Lorca aunque Federico somos todos.