La organización agraria Asaja-Huelva presentó un documento de alegaciones al Plan Especial de Ordenación de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana, en la misma línea que ya hicieran hace unas semanas los ayuntamientos de Moguer y Lucena del Puerto y meses atrás el Ayuntamiento de Almonte, la comunidad de regantes El Fresno y Freshuelva. El plazo para presentar alegaciones a este documento concluyó en el día de ayer.

Asaja-Huelva critica la dotación de agua que establece el plan para los cultivos de regadío de la comarca (mayoritariamente de berries) por considerarla "netamente deficiente". El Plan limita a 4.000 metros cúbicos al año la cantidad de agua que se podría utilizar, "lo que dista mucho de los alrededor de 7.000 metros cúbicos que requiere actualmente la producción", subrayó la organización en sus alegaciones. Este límite de consumo supondría "una amenaza para la subsistencia de muchos regantes por cuanto ahoga el desarrollo de su actividad económica", insistió Asaja. Lo cierto es que los municipios de la comarca afectados por el documento tienen un marcado carácter agrícola, cuyo es sector es relevante en la economía local.

Los cinco términos municipales de la provincia de Huelva donde tendrá repercusión dicho Plan suman en la Corona Forestal de Doñana un total de 9.000 hectáreas de cultivos de regadío, según la valoración que marca el documento de la Junta de Andalucía. La mayor parte se encuentra en Almonte (4.784,5 hectáreas), seguida de Moguer (1.969,3 hectáreas), Lucena (1.119,2 hectáreas), Bonares (755,7 hectáreas) y Rociana (371,6 hectáreas).

Para Asaja-Huelva, un factor añadido al anterior es que la dotación de agua se hace "sin argumentos técnicos que la sostengan", aseguró. Además teme que esta restricción se sume a los efectos "perniciosos" que ya está causando en el sector agrícola de Huelva "el retraso de las infraestructuras hidráulicas superficiales previstas" como el anillo hídrico o la presa de Alcolea cuya ejecución "en tiempo y forma" hubiera zanjado "suficientemente la dotación de agua contribuyendo así a acabar con las explotaciones y situaciones de irregularidad", valoró. Dichas irregularidades se vienen detectando desde hace décadas y de hecho algunos colectivos ecologistas mantienen que el documento incluye las que habías hasta el año 2004 pero no de aquí en adelante.

Asaja se suman también a las reclamaciones que ya presentaron los ayuntamientos afectados sobre los "múltiples errores cartográficos" que al parecer tiene el documento. Y, además, reclama "un listado nominativo de afectados a través de referencias catastrales que permita detallar la perceptiva ubicación de las parcelas, superficie, uso especificado de las fincas y, en consecuencia, las afecciones de zonificación, que generan una situación de total indefensión jurídica en los propietarios que se ven perjudicados, en cuanto a las consecuencias que pudieran derivarse a medio y largo en el derecho a la propiedad", explicó Asaja.

Desde el punto de vista jurídico, la organización agraria tiene dudas sobre la legitimidad de las competencias de la administración autonómica en el diseño, ejecución y desarrollo de este Plan de Ordenación, puesto que el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a la comunidad andaluza competencias exclusivas sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por su territorio.

Asaja-Huelva entiende que, pese a la aprobación por parte del Gobierno de España de una encomienda de gestión temporal del Guadalquivir concedida al gobierno autonómico, prorrogable cada seis meses, esta situación "no puede ser indefinida", ya que genera una sensación de inseguridad al no definir sobre qué administración u organismo descansará o asumirá realmente las competencias, hasta ahora en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Dada la transcendencia del plan de regadíos en el ámbito de Doñana, Asaja-Huelva reclama "un plan en condiciones o la reelaboración de la ordenación" en las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal del espacio natural. Con esta medida Asaja pide que queden claramente definidas las competencias para evitar la falta de seguridad jurídica que se ha generado después de la declaración de nulidad por parte del Tribunal Constitucional del artículo 51 del estatuto.