La Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha culminado su informe sobre las instalaciones que Befesa Gestión de Residuos Industriales tiene en Palos de la Frontera y asegura que "se han comprobado las deficientes condiciones de almacenamiento de residuos químicos peligrosos en el centro de trabajo". La Inspección General ha levantado acta de infracción a la empresa por riesgo de incendio e inadecuado mantenimiento del lugar de trabajo (sanción grave en su grado máximo); por falta de evaluación del riesgo que entraña la presencia de residuos químicos peligrosos (sanción grave en su grado máximo) y por falta de planificación de las actividades preventivas (sanción grave en su grado mínimo).

Fuentes de Befesa aseguraron a esta redacción que a su poder no ha llegado aun la notificación de Trabajo y hasta entonces no valorarán la información y la sanción.

La resolución atiende las denuncias de los trabajadores de la empresa, muchos de los cuales fueron despedidos por la compañía andaluza.

El documento será enviado también al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que estaba a la espera desde el pasado otoño del informe de Inspección para presentar lo ante la Justicia junto a su propio dossier e investigación.

El informe ministerial fue dado a conocer ayer por el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, que anunció que llevará los nuevos datos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva para que lo tenga en consideración en la denuncia presentada contra Befesa por la comisión de presuntos delitos en la gestión y transporte de residuos peligrosos procedentes de Portugal e Italia hasta Nerva.

IU sostiene que los residuos han entrado en el vertedero de Nerva sin ser tratados y sin embargo "se han podido falsificar firmas e incluso cobrar importantes cantidades de dinero por trabajos no realizados".

La denuncia sobre la situación del centro de tratamiento de Palos advertía de la peligrosidad de unas instalaciones industriales que se encuentran situadas en pleno centro del Polo Químico de Huelva y a muy poca distancia de los tanques de almacenamiento de la empresa Enagás, de los mayores de Europa.

La resolución del Ministerio de Trabajo deja en evidencia a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según IU.

El consejero, José Juan Díaz Trillo, respondió en el Parlamento y por escrito el pasado 14 de diciembre de 2010 a preguntas formuladas por Izquierda Unida, es decir, en plena polémica sobre el tratamiento de residuos y la autorización para recibir 80.000 toneladas de residuos procedentes de Italia, que "en ningún caso se han detectado cuestiones como las que se plantean en la pregunta". En la demanda de información de IU se preguntaba, entre otras cosas, "si ha detectado la Consejería alguna irregularidad o ilegalidad en las visitas que se hayan podido realizar".

La Junta de Andalucía mantenía que sus inspecciones, a las que calificó de "las más exhaustivas y completas", vienen enmarcadas en las relaciones con el Plan de Prevención de Residuos Peligrosos de la comunidad de Andalucía, las derivadas de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y las efectuadas por técnicos y agentes de Medio Ambiente cuando se realiza algún tipo de denuncia o se aprecian de oficio motivos para realizar una verificación o control. En esa respuesta, la Consejería sólo reconocía haber incoado expediente sancionador en 2009, por un incumplimiento del condicionado de la Autorización Ambiental Integrada.

Tras recordar todos estos antecedentes el coordinador de la coalición se mostró "alarmado" y se preguntó "en manos de quién estamos".