El delegado de Medio Ambiente, Juan Manuel López, ha anunciado que las obras del trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos desde la Cuenca Atlántica a la del Guadalquivir, aprobado en 2008 por el Consejo de Ministros, serán licitadas antes de finalizar este año. La primera promesa política de esta aportación hídrica data de los tiempos de Costa Doñana. Obras Públicas vinculaba la polémica urbanización (1989) con el agua del Chanza para evitar el acuífero 27. El Consejo de Ministros no autorizó hasta el 15 de febrero de 2008 esta medida. Los agricultores han mostrado su malestar por los reiterados incumplimientos políticos.

El nuevo anuncio se produjo con motivo de la ronda de contactos que mantiene la Comunidad de Regantes del Fresno con las asociaciones de agricultores de Lucena, Bonares y Rociana, siendo este último municipio donde López desveló los planes de la administración andaluza.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Fresno, Ángel Gorostidi, se congratuló del inicio de los trámites para la expropiación de los terrenos, lo que en su opinión delata "la voluntad" de materializar este proyecto, a la par que anunció que esta será una de las infraestructuras que no se verá lastrada por la falta de recursos de la Administración a consecuencia de los recortes.

La financiación de la conducción de doble tubería, que arrancará desde La Palma del Condado hasta la balsa de Lucena, es competencia de la Junta, después de que la jurisdicción en materia hídrica pasara a sus manos en virtud del cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Durante el encuentro el delegado volvió a dejar la puerta abierta a la posibilidad de que el Condado pueda disponer de más hectómetros cúbicos.

La noticia no es nueva, si bien lo es que por primera vez se atreva a cuantificar esta cifra: 12 hectómetros, los cuales se sumarían a los 4,9 ya autorizados. López enfatizó que ello implica un celoso compromiso de sellar los pozos ilegales para evitar extracciones del acuífero. "Se acabó jugar a dos o tres bandas, el agua es pública y la competencia de su gestión corresponde a las comunidades, eso lo saben los agricultores y son conscientes de que representa una garantía para sus negocios".

Más agilidad presenta el reparto y el diseño de conducción de las 1.150 hectáreas que se beneficiarán del agua de riego superficial.

La Comunidad de Regantes del Fresno ya ha finiquitado este trabajo que cuenta con las bendiciones de la propia Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua (AAA). Ahora sólo resta poner en manos de los técnicos el diseño de las conducciones en función de las explotaciones a las que se les dará servicio y de la orografía del terreno.

El objetivo es que el 15 de agosto la Consejería de Medio Ambiente disponga de toda la documentación pertinente para el desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental que ha de preceder a la posterior licitación de las obras, las cuales ejecutará la Comunidad y sufragarán los agricultores. El 70% de esta inversión, cifrada en seis millones de euros, se sufragarán con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que el resto, 4,5 millones, serán costeados por los propios beneficiarios, es decir a razón de 4.500 euros por hectárea.

De este total, a Rociana le corresponderán 150, mientras que Bonares, Lucena y Moguer se repartirán entre 240 y 270 hectáreas, es decir, de forma equitativa a su superficie regable. Gorostidi señaló que "fue una pena no haber podido sumar a estas hectáreas La Cañada", término almonteño que en su mayoría explotan agricultores rocianeros en virtud de una añeja concesión administrativa.

Por otra parte y a fin de evitar la carestía de recursos hídricos, El Fresno confía en que el proyecto de aprovechamiento de aguas pluviales presentado al sector fresero sobrepase el umbral experimental y se convierta en modelo extendido en las explotaciones agrícolas. Se trata de una iniciativa mediante la cual, con una pequeña inversión en infraestructura, se puede hacer acopio de los 600 metros cúbicos por metro cuadrado que de media se registra en la comarca durante la campaña.

El diseño de la futura red de abastecimiento ha tenido que sortear una serie de condiciones impuestas por la Agencia Andaluza del Agua a la hora de conseguir dos objetivos: cohesionar el territorio y aliviar la presión que pesa sobre el acuífero 27.

Para el primero de los objetivos se fijó la necesidad de favorecer al mayor número de agricultores e impedir que los grandes latifundistas pudieran copar el uso de la mayor parte de los 4,99 hectómetros cúbicos. Con este objetivo se determinó que, en ningún caso, un mismo empresario pudiera beneficiarse de esta infraestructura para regar más de cinco hectáreas.

El otro de los condicionantes para acotar una expansión de la superficie regable consistía, según la Comunidad, en que la zona tuviese tal catalogación en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), alumbrado en el 2004.

El punto más importante en términos medioambientales radica en que los agricultores que se sirviesen del agua superficial tuvieran que dejar de extraer estos recursos de los pozos, que se sellarían.