La Fiscalía de Huelva ha abierto diligencias informativas para conocer la letra pequeña de un cambio de calificación de suelo que el Ayuntamiento de Ayamonte llevó a cabo en Isla Canela, en un espacio que el Plan de Ordenación Urbana en vigor establecía como zona verde (ubicada en primera línea de playa), y sobre el que actualmente asoman al mar varios conjuntos residenciales con aproximadamente unas 800 viviendas.

A alguna denuncia anónima que llegó a manos del Ministerio Público tras el verano de 2009 se sucedieron posteriormente otras que llevaban nombre y apellidos, como el de la organización ecologista Ojo con el Guadiana. Antes de iniciar cualquier proceso penal, la Fiscalía quiere confirmar (o descartar, en su caso) que existe algún indicio de delito, por lo que ya ha ordenado que se practiquen las primeras diligencias.

Fuentes de la investigación confirmaron que, de una parte, se ha encargado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que realice un informe que los expertos del Instituto Armado ya han comenzado (se han realizado vuelos sobre la zona). De otro lado, la Fiscalía ha solicitado a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la documentación técnica del expediente.

Según ha podido confirmar este diario, a este departamento de la Junta llegaron las primeras noticias sobre el cambio de calificación de los terrenos en la primavera de 2008.

Las denuncias que tiene en sus manos la Fiscalía se retrotraen al anterior mandato, cuando el ex regidor Rafael González estaba al frente del Ayuntamiento.

En 2004, bajo el gobierno de González, se decidió junto la propietaria del suelo y promotora de la Junta de Compensación de la zona, la mercantil Isla Canela SA, que el espacio definido en el Plan General (en vigor desde su aprobación en 1993) como D-EL-1, con una superficie de 148.214 metros cuadrados y catalogada como zona verde, se destinara a uso residencial.

El cambio de calificación urbanística se llevó a cabo a través de un estudio de detalle (de ámbito municipal y que, por tanto, no llega a la Administración autonómica) en lugar de tramitar una modificación del Plan. Los denunciantes afirman que la Junta de Compensación encargó al arquitecto que redactara el referido estudio de la zona de Playa Central de Isla Canela, de la unidad en la que se encuentran los terrenos y que ocupa una extensión de 722.465 metros cuadrados.

El estudio vino a modificar, remarca la denuncia, tanto la situación física de las manzanas como la zonificación que contemplaba el plan vigente y, respecto a la zona verde D-EL-1, ubicada en primera línea de playa, la desplazaba y dejaba fragmentada para permitir la construcción de conjuntos residenciales.

El Ministerio Público tiene que constatar si el Ayuntamiento tomó la vía acertada con este instrumento urbanístico o sorteó las indicaciones que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). "Han ignorado deliberadamente -afirman los denunciantes- todas las reglas de procedimiento establecidas en la LOUA y prescindido de cualquier intervención de la Administración andaluza en sus funciones de control de la legalidad urbanística".

En este punto, mantienen que los cambios que se llevaron a cabo hace seis años no cuentan con el dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene que dar todas las bendiciones en los supuestos de zonificación de suelo cuando se trata de espacios libres, parques o jardines.

A pesar de no pasar este filtro, el referido estudio de detalle contó con los informes favorables tanto de los servicios técnicos del Consistorio de Ayamonte, como de la Secretaría y de la asesoría jurídica. Finalmente, el grupo municipal que lideraba Rafael González (los diez concejales del PSOE) dio el visto bueno al documento, que fue aprobado en el Pleno en noviembre de 2004.

Abierto ya el camino para la construcción, en los meses siguientes el Consistorio concedió a la propietaria y promotora Isla Canela SA la licencia municipal de obras y se levantó en primera línea de playa un conjunto residencial, con espacios deportivos privados, en la zona que el Plan General de Isla Canela reservaba a espacios libres. La empresa consiguió del entonces equipo de gobierno ayamontino las licencias de ocupación.

Respecto al carácter vinculante de los dictámenes, el criterio establecido con carácter general por el Consejo Consultivo de Andalucía es que en los casos de modificaciones de figuras del planeamiento destinados a una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan urbanístico, cuando la Administración consultante se aparta del dictamen, se puede contraer "una grave responsabilidad" por los efectos jurídicos que se pueden generar.