El Ayuntamiento de Villarrasa renuncia a que una empresa especializada lleve a cabo un informe para constatar si las anomalías detectadas durante años en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos haya han provocado algún daño a la salud de los vecinos del entorno o al medio ambiente.

El alcalde del municipio, Ildefonso Martín Barranca (PSOE), confirmó a este diario que el Consistorio, personado como acusación particular, no tiene intención alguna de recurrir el auto de archivo de la causa abierta contra el vertedero por delito ambiental, decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado al no considerarlo "oportuno".

El principal argumento que esgrime Martín Barranca es que se trata de una denuncia heredada de la anterior Corporación municipal, gobernada por el PP cuando llegaron las primeras denuncias a manos del juzgado (2002). El caso -afirma- "viene de una legislatura anterior, en la que el concejal de Medio Ambiente se personó como acusación y el nuevo equipo de gobierno no lo ve oportuno". "Había otras circunstancias", añade el regidor, que elude hacer referencia a las imputaciones y a los indicios que han llevado a la autoridad judicial a advertir un posible delito contra el medio ambiente.

La retirada del Ayuntamiento deja sola a la Fiscalía de Huelva en el frente de la acusación, en un proceso que dura ya la friolera de ocho años desde que se iniciaron las diligencias, de los que cuatro ha permanecido bloqueado, a la espera del referido informe, que reclamó el Ministerio Público por primera vez en 2004.

La Fiscalía, en una posición muy diferente, está a la espera de la respuesta que dé el instructor a su recurso, al ser contraria a que cuatro años de investigación judicial sobre la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa, se guarden en el cajón por la falta de una prueba pericial. Y es que el juzgado ha decidido decretar el archivo precisamente por la interminable espera del informe sobre los efectos del vertedero.

El Ministerio Público reclamó por primera vez el estudio y apuntó que fuera un experto independiente (concretamente un catedrático de la Universidad de Sevilla) el que se encargara de realizar el informe, cuando aún la Administración andaluza no tenía el acuerdo con una empresa especialista en peritajes, y nunca se llegó a liberar el dinero para que los análisis pudieran llevarse a cabo.

El tira y afloja entre la Fiscalía y la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta se prolongó durante años, con comunicaciones cruzadas también entre el Juzgado 1 de La Palma y la Administración de Justicia. En este tiempo, no hubo punto de encuentro, el problema se enquistó y quedó paralizado. Hasta ahora, cuando la Fiscalía ha recurrido el archivo judicial.

La diferencia, respecto a las anteriores peticiones, es que se señala a la empresa Tinsa, con la que la Junta de Andalucía tiene un acuerdo (que antes no existía) para la realización de estos peritajes. En su petición, el Ministerio Público indica que los datos e informes que constan en el expediente judicial se pongan a disposición de la empresa para que lo lleve a cabo "si tiene personal cualificado" en esta materia.

En la causa contra el vertedero por delito ambiental hay tres personas imputadas: el entonces jefe de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva -titular de la planta de tratamiento-, D.B.H., y por parte de la empresa concesionaria del servicio hasta el verano de 2005, Reciclados del Tinto y del Odiel (Retinod), el director de la firma en Huelva, M.V.M. así como el jefe de servicio del vertedero, cuya identidad responde a las iniciales J.J.V.F.