Los especialistas del Departamento de Grafísticas del Laboratorio de Criminalística de la IV Zona de la Guardia Civil han emitido un informe pericial en el que califican de "falsas" las firmas con las que diez mujeres inmigrantes pudieron inscribirse para participar en los comicios municipales del 2007 en Almonte .

Las pruebas, remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero uno de La Palma del Condado y a las que este periódico ha tenido acceso, ponen en evidencia que las diez firmas analizadas fueron presuntamente falsificadas. Y la autoría de nueve de ellas se atribuyen a M.J.D., funcionaria del Ayuntamiento de Almonte y militante socialista. La denuncia que originó las pesquisas fue interpuesta por los concejales José Antonio Domínguez (PP) y José Manuel Romero (PA) contra el alcalde, Francisco Bella (PSOE) y el entonces secretario, Juan Adolfo Arangüete, además de la funcionaria.

Las sospechas sobre un posible fraude electoral (ver Huelva Información del 9 de agosto de 2008) se extienden a 160 trabajadoras extranjeras de una misma finca agrícola, que en mayo de 2007 fueron empadronadas in extremis.

A la luz de este nuevo informe pericial, emitido el 31 de diciembre de 2009, la juez ha dictado una providencia, con fecha 29 de enero de 2010, en la que pide que estas pruebas se sumen a "las diligencias previas" y "acuerda que por el Secretario Judicial se proceda a comprobar, a través de la correspondiente aplicación informática" si las diez mujeres a las que se les ha practicado las pruebas caligráficas "se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social y, en su caso, la empresa en la que actualmente se encuentran trabajando. Con su resultado se acordará lo demás que proceda".

El pormenorizado y exhaustivo análisis, de más de 60 folios, delata "discrepancias grafomorfológicas de las muestras anteriores (…) Lo que nos lleva a determinar dos manos autoras diferentes en la ejecución de todas las firmas falsas, una para V.M. y otra para el resto de las firmas alusivas a las otras nueve personas" que se atribuyen a la funcionaria municipal.

El 13 de noviembre entraron en el laboratorio del Instituto Armado los documentos de las señoras seleccionadas por el letrado de la acusación, Alberto Mondaca, a fin de proceder al pertinente estudio caligráfico. Para esta misión los agentes tomaron como referencia la firma del anverso y reverso de la tarjeta de identidad polaca o, en su defecto, el permiso de residencia como base para cotejarlos con las diferentes firmas necesarias que habrían de haber realizado como preámbulo para emitir su voto en los comicios locales de 2007. Léase: solicitud de empadronamiento, hoja de alta de inscripción en el padrón municipal en el Ayuntamiento de Almonte y hoja de reclamación al Censo. Un rosario de trámites que, según los populares, se tramitaron en tiempo récord y cuyas firmas son, sin distinción, "falsas", tesis que viene a respaldar los informes periciales que ahora ven la luz.

El informe deja abierta la posibilidad de que en este turbio asunto hubieran participado más personas, ya que todas las firmas que cursó V.M. en los documentos municipales son catalogadas como "falsas", si bien la autoría en este caso no puede ser atribuible a M.J.D.C.

Los hechos denunciados datan de mayo de 2007. En aquel entonces el empadronamiento in extremis de 160 extranjeras, trabajadoras de una misma finca agrícola, levantó los recelos y suspicacias de la oposición, que sospechó desde un primer momento del interés que podría tener el colectivo en participar de forma masiva en la campaña electoral.

De este modo el portavoz popular, José Antonio Domínguez y su homólogo del PA, José Manuel Romero, denunciaron los hechos en el Juzgado de Instrucción número uno de La Palma contra el alcalde, Francisco Bella, el entonces secretario, Juan Adolfo Aranguete Asuar, y la funcionaria implicada. Esta primera denuncia no prosperó y la jueza determinó dictar un auto de archivo de la causa. Pero he aquí que al recurso de apelación del 4 de octubre de 2007 el Fiscal Jefe de la Audiencia de Huelva determinó adherirse al mismo y mostró su interés en reabrir e investigar los hechos, al considerar que podrían ser constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial.

El 2 de febrero de 2008 la sección segunda de la Audiencia Provincial dictó un nuevo auto y emplazó al Juzgado de La Palma del Condado a la reapertura de la causa en cuestión, conminando a éste a que "procede a instruir" la causa "conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a M.J.D. como persona de quien se dice rellenó y recogió las solicitudes".

En base a ello el Juzgado cursó la citación de la funcionaria y alguna de las temporeras V.M, E.M.K, M.K, N.P y M.P para conocer si las firmas que aparecen en los documentos municipales son suyas. La petición llegó tarde y las testigos ya se encontraban fuera de España.

El letrado de la acusación recuerda que, ante el regreso a sus países de origen de las testigos, el 23 de abril de 2008 tan sólo se pudo tomar declaración a una ellas y, "sorprendentemente", el oficial del Juzgado determinó suspender el interrogatorio de forma que su declaración no consta en ningún papel oficial.