IU ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Huelva un escrito remitido a la Agencia Española de Protección de Datos para que "aclare si se ha producido alguna infracción" o vulneración de los derechos que les asiste a los ciudadanos en el conflicto por el suministro del agua que se libra en Bollullos par del Condado.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, lleva la rúbrica de Isabel Salas, la única concejal que se mantiene en las filas de IU, el coordinador general, Juan Félix Camacho, y el secretario de comunicación del partido, Carlos Do Carmo, piden a la Agencia Estatal que "investigue" cómo ha llegado determinados documentos a manos de Aqualia, los cuales se han utilizado para el cobro del bimestre de noviembre y diciembre, pago que a su misma vez también reclama la ya jurídicamente extinta Aguas del Condado.

La formación política entiende que "la privacidad de los datos han podido ser vulnerados en todo este proceso". En este sentido recuerda que la empresa privada remitió a los hogares bollulleros un escrito solicitando los datos bancarios para proceder al cobro del agua. Desde IU se asegura que gran parte de estos ciudadanos no facilitaron estos datos y, aun así, Aqualia les ha domiciliado el recibo en sus respectivas entidades bancarias.

Entre tanto la Mancomunidad de Aguas del Condado, en boca de su gerente, Iván Martínez, reconoce que a fecha 2 de Enero se les hizo entrega a la empresa privada del traspaso de todos los datos de los abonados en virtud del acuerdo plenario que le brinda la concesión administrativa del servicio. No obstante, Martínez aseguró que "no pensábamos nunca que Aqualia utilizase esta información con carácter retroactivo".

Por su parte fuentes de Aqualia asegura que en todo este proceso han cumplido de forma escrupulosa la ley. Concretamente citan que, en virtud de la "Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), el fichero que contiene la información de los clientes del Servicio Municipal de Aguas es propiedad de la institución local".