El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJA del año 2004 en la que se condenaba al Ayuntamiento de Aracena y a la Junta de Andalucía a pagar a la empresa Conimpro más de 300.000 euros (en concreto 53 millones de las antiguas pesetas) por el quebranto causado a la promotora y a una decena de vecinos que, aun teniendo todos los avales legales para ejecutar una promoción de viviendas, sufrieron su paralización por la presión popular. Los vecinos perdieron la casa y los 9.000 euros de entrada.

Muchos ríos de tinta se han escrito sobre este tema que empezó en 1993 cuando una empresa constructora, Conimpro, adquirió unos terrenos que eran urbanizables desde once años antes y promovió la construcción en esta zona porque estaba catalogada para ello, solicitando las primeras licencias que fueron concedidas por el equipo de Gobierno que presidía por aquel entonces Francisco Ruiz Bosque.

Una vez concluidos los plazos de alegaciones que establece la ley y sin que ningún vecino aportara alegato alguno, los trabajos comenzaron y ante el presumible impacto visual que aquello produjo en la ladera del Castillo el pueblo se echó en contra de esta medida y los gestores municipales y la Junta de Andalucía paralizaron las obras inmediatamente para nunca volver a reanudarlas.

Tras muchos años de problemas, los más perjudicados por esta situación fueron las familias que en 1993 entregaron una cantidad económica en torno a los 9.000 euros (en ese momento sobre un millón y medio de pesetas) como pago anticipado a la empresa constructora Conimpro y con la que tienen abierto un proceso judicial por incumplimiento de contrato ya que nunca se construyeron las casas y nunca se les devolvió el dinero que habían entregado sobre plano.

Después de largos procesos judiciales, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2004 en la que se condena al Ayuntamiento de Aracena y la Junta de Andalucía a pagar a la empresa Conimpro casi 53 millones de las antiguas pesetas a partes iguales entre ambas administraciones, más los intereses y las costas tal como indica el fallo. La empresa había solicitado más de 300 millones de pesetas como indemnización pero el Tribunal se basó en las facturas y trabajos realizados para estimar el dinero que se le tenía que pagar.

El pueblo se opuso a la realización de dichas viviendas y refrendó su postura en una manifestación muy recordada por su masiva afluencia.

En la actualidad, la zona de la ladera del Castillo ya mencionada es casi un vertedero de basura y resulta extraño que ningún colectivo desde entonces, salvo vecinos próximos, se haya pronunciado para solucionar este problema de salubridad.

El Ayuntamiento pretende ahora construir viviendas de protección oficial en el mismo espacio donde hace 17 años no se dejó actuar y por lo que el propio Consistorio va a tener que pagar una cuantiosa suma económica.

A partir de ese momento los vecinos que compraron las casas exigieron recuperar su dinero. Para ello piden que el pago por la Junta y el Ayuntamiento quede de forma cautelar en una cuenta judicial hasta el fin definitivo del proceso que mantienen con la empresa Conimpro tras muchos años luchando por ello.

En estos años el 'bocao' se ha ido olvidando en el sentir generalizado del pueblo, salvo las familias afectadas por las casas allí previstas que han realizado una intensa labor de lucha con abogados y administraciones. Por otro lado tampoco se comprende como tras la negación de construir allí casas en su momento ahora se permite en las inmediaciones la construcción de viviendas, aunque sean de protección oficial.