El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos aprobó ayer en sesión extraordinaria y por la vía de urgencia el respaldo a la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que determina la nulidad de los 40 contratos de trabajo que formalizó el ex alcalde socialista, Carlos Sánchez, justo días después de que los ediles de IU y PP sellaran la moción de censura que le desbancaría como máximo regidor municipal.

El representante popular, Francisco Martín, presentó la propuesta como un mero trámite para ratificar la resolución adoptada por "la máxima institución en Andalucía". Martín consideró que el organismo autonómico respalda con estas conclusiones las tesis defendidas por parte del equipo de Gobierno que tachó en su día la medida como un fraude de ley y como un vil intento de asfixiar económicamente al Ayuntamiento.

Sánchez ejerciendo el papel de portavoz socialista sorprendió a propios y extraños con un discurso en el que ni tan siquiera cuestionó la resolución que tumbaba una de las actuaciones más controvertidas de su mandato, sino que incluso reconoció abiertamente que "probablemente" actuó de forma "ilegal", si bien matizó que esta práctica "no diferiría de los 50 ó 60 contratos que sin consignación presupuestaria han realizado los actuales gestores municipales". El ex alcalde argumentó que estos despidos son adoptados por los "tránsfugas porque han comprometido esos puestos de trabajos a gente afín", si bien precisó que lo más grave es que el comité de empresa no intervenga. Ante estos hechos auguró una "parálisis municipal" porque el decreto sienta un precedente y "esto derivará en que "se judicialice la gestión municipal".

En el turno de réplica Martín recordó que quien ha "engañado y llevado a los trabajadores a un callejón sin salida ha sido el propio ex alcalde que les obligó" a firmar un nuevo contrato con el que implícitamente renunciaban a la antigüedad y los derechos contraídos hasta entonces, mientras que ahora los populares "nos limitamos a cumplir con un dictamen respaldado por cinco juristas".

El portavoz de los no adscritos, Sergio Rosado, pidió que no se rasguen las vestiduras los mismos que han despedido a trabajadores en la Mancomunidad de Aguas por ser afiliados a IU. El edil recordó que diez de las personas que integraron las listas del PSOE en los pasados comicios ocho fueron contratados en el Ayuntamiento de Bollullos y dos en la Mancomunidad. Rosado explicó que dichos contratos laborales expiraban en el 2011, "con lo que el objetivo radicaba en lograr contratos de servidumbre".

En el turno de réplica Sánchez volvió a seguir su línea de defensa y afirmó sin rubor que "ni antes ni durante ni después" de su etapa como alcalde se han seguido los preceptivos trámites que determina la legislación vigente para la contratación de trabajadores debido a que "las personas llegan diariamente al Ayuntamiento a solicitar trabajo" y no se pueden dilatar los procesos de contratación.

El alcalde, Francisco Díaz, finiquitó el debate tachando de ejemplarizante el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía para que ayuntamientos y mancomunidades dejen de perpetuar contratos de "servidumbre y renovables en función del voto".

La decisión adoptada en la cámara local no sólo tendrá consecuencias inminentes, que se traducirán en la salida de estos 40 trabajadores de la plantilla municipal, sino que el equipo de Gobierno pretende acudir al Tribunal de Cuentas para depurar responsabilidades.

El portavoz popular, Francisco Martín, señaló que el dictamen del Consejo se muestra bastante contundente y habla de "prevaricación en un proceso en el que se contravinieron los informes de Intervención, Secretaría, Tesorería y el comité de empresa".