El presidente del Consejo de Participación de Doñana, el científico Miguel Delibes, mantiene que el agua es "el gran problema crónico" que amenaza a la joya medioambiental de Europa, por cuanto representa el flujo sanguíneo del que se nutre todo el ecosistema.

Sin embargo, mientras el foco mediático lleva años instalado en la Corona Norte de Doñana, donde la regulación de los cultivos y los trasvases prometen mitigar la sobreexplotación de los acuíferos que dormitan esta área, en Los Hatos no existen medidas de esta naturaleza mientras que los pinchazos continúan a la orden del día.

El último informe hidrológico muestra la alarmante pérdida de recursos hídricos del acuífero a la altura de Los Hatos, que comprende los términos de Aznalcázar, Villamanrique e Hinojos. El último informe hidrológico 2014-2015, presentado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así lo constata. En él se apunta cómo el caudal subterráneo sigue decreciendo y es el más castigado. En el último estudio del Instituto Geológico y Minero de España ya había bajado casi 15 metros su nivel piezométrico.

Pero la desazón de las entidades conservacionistas radica, principalmente, en la falta de aplicación de las sentencias judiciales contra el riego ilegal en las marismas de Aznalcázar. Ecologistas en Acción sacó a la luz que la empresa que explota los parajes Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo realizaba extracciones ilegales por un volumen de 13 millones de metros cúbicos por año, o lo que es lo mismo, el 15% de las extracciones ilegales del acuífero.

La empresa dispone de aguas privadas anteriores al 86, amén de otros recursos hídricos procedentes del embalse del municipio sevillano. En total, 902.189 metros cúbicos; pecata minuta para regar 243 hectáreas de arroz y otras 550 de huertas. La realidad es bien distinta. Estas tierras consumen 15 millones de metros cúbicos de agua, 13 de los cuales roban directamente del acuífero.

Tras el escándalo, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, puso el año 2000 en manos de la Justicia, "la infracción de la ley por un abuso de derecho en la utilización de aguas". Cuatro años más tarde el Consejo de Ministros interponía el 3 de febrero de 2004 la multa más cuantiosa en España contra el riego ilegal por el robo de 13 millones de metros cúbicos de agua. Hato Blanco Viejo acumuló media docena de expedientes sancionadores en sus 500 hectáreas y llegó a sumar dos millones de euros. Con una sentencia a favor de la Administración, los empresarios jugaron con todos los resortes que ofrece la ley para sortear el cumplimiento de las sentencias y recurrieron al Supremo. El 17 de diciembre de 2008 el Alto Tribunal desestimó el recurso de reposición de los propietarios y dio vía libre para la ejecución del cierre de los pozos.

Ni por esas. Ecologistas en Acción denuncia la "inacción" de la Junta de Andalucía, que tuvo las competencias desde 2009 a 2011, y de la CHG, dependiente del Gobierno central, para ejecutar la sentencia. En 2015, otro juzgado, en este caso el número dos de Sanlúcar la Mayor, ordenaba el cierre de las captaciones ilegales.

Desde la Cuenca se rechaza la acusación de inacción por parte de los ecologistas, y mantiene que "una vez se ha tenido conocimiento de la sentencia, se ha solicitado al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que emita un informe sobre la manera de proceder al cierre". Parte de estos pozos los ejecutó el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) y es el IGME quien tiene datos de su profundidad. Y añaden: parte de estas infraestructuras "superan los 150 metros de profundidad, por lo que el cierre debe de hacerse de una manera segura y científica para el acuífero", dado que un pozo de esa magnitud representa "una cicatriz en el subsuelo que, si no se trata correctamente, puede dar problemas en el futuro".

La CHG descarta dejación de funciones como sostienen los ecologistas e insiste en que "con los pocos medios de los que dispone se han instruido cientos de expedientes sancionadores en los últimos años en la zona que va desde el margen derecha del Guadiamar hasta Lucena del Puerto". Respecto a Los Hatos, los servicios de control mantienen todas las alertas, mientras que en la corona forestal de Doñana se ha tenido que esperar a que la Junta de Andalucía regulase la zona y, a renglón seguido, en esta campaña 2015-2016, se han abierto diligencias "a la práctica totalidad de las superficies que quedan fuera del plan y que han regado en esta campaña".

En este sentido insisten en que la Comisaría de Aguas "persigue todas las faltas administrativas de las que tiene conocimiento, ya sea por denuncia de particulares o por investigaciones de oficio".

Ecologistas en Acción también cargó contra la Administración autonómica, que durante los tres años (2009-2011) en que tuvo transferidas las competencias del emblemático río andaluz, no hizo cumplir la sentencia. "Se han hecho cómplices de unas extracciones que contribuyen a la desecación de importantes ecosistemas, al reducir drásticamente el periodo de inundación de la marisma y la pérdida de áreas de nidificación adecuadas para especies amenazadas y en peligro de extinción". Este periódico se puso en contacto con la Junta para ver qué actuaciones había llevado a cabo para poner coto a esta situación durante aquellos años en los que tuvo potestad para cerrar pozos. Su respuesta fue el silencio, excusado con un escueto: "No tenemos las competencias de la Cuenca".

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos, Cristóbal Picón, declinó la posibilidad de pronunciarse sobre zonas que no afectan al Condado de Huelva. Sin embargo, compañeros del gremio mantienen a título personal que la fresa parece haberse convertido en el chivo expiatorio de los problemas hídricos que aquejan a Doñana. "Administraciones y ecologistas han centrado sobre nosotros toda la presión" para que desaparezcan aquellas explotaciones de riego que fueron posteriores al Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), que en 2004 ponía techo a la zona de riego. No obstante, entienden que en otras zonas geográficas de la provincia de Sevilla, donde el estado del acuífero es aun más preocupante, "no se ha actuado igual".