La Junta de Andalucía tiene la intención de cerrar siete laboratorios en la comunidad, entre ellos el centro de salud animal de Aracena. Una previsión que ha provocado la movilización de todo tipo de entidades en la Sierra en contra del cierre, desde el Ayuntamiento de la localidad serrana, cuyo alcalde, Manuel Guerra, mantendrá el próximo lunes una reunión en Sevilla con el viceconsejero del ramo para tratar este tema, hasta el sindicato CSIF, que era quien alzaba ayer la voz de alarma.

El sindicato advierte de las "desastrosas consecuencias que esta decisión tendría a nivel social, económico y laboral en la zona de la sierra onubense" y asegura que esta medida "no tiene ningún sentido de mejora de los servicios o de ahorro de costes sino que obedece tan solo a temas de estrategia política".

Según explica CSIF, en Huelva solo existen dos laboratorios de salud animal, ambos nuevos; el de Aracena es un centro de referencia en Huelva, ya que se encarga de analizar las muestras que permiten certificar el buen estado sanitario del ganado equino, ovino, caprino, bovino y porcino de toda la provincia. Destacan, además, las salas de serología donde se permanece alerta ante los riesgos que suponen enfermedades como la peste porcina.

El laboratorio de Bonares, al contrario, tiene menos contenido y volumen de trabajo según CSIF. Por este motivo, la central sindical indicó que "parece que a la Junta le interesa llevar todo el trabajo al laboratorio ubicado en el Condado sin importarle que los trabajadores del centro de Aracena son todos residentes precisamente en esa localidad, con el perjuicio que esto conlleva para las familias".

Además, en relación al personal, el cierre del laboratorio supondría la pérdida de empleo y "reubicaciones traumáticas" de los trabajadores ya que, en su mayoría, son técnicos de laboratorio por lo que no tienen posibilidad de cambiar de puesto de trabajo en la zona. Se tendrían que trasladar a los laboratorios de Bonares o de Sevilla, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia. Por otra parte, CSIF advierte del daño económico que ocasionaría la clausura del centro de salud animal precisamente en esta comarca que se sustenta en la industria cárnica y ganadera.

CSIF ya mostró su oposición a la Administración y organizó la pasada semana una asamblea con la plantilla de trabajadores para informar sobre la situación y abordar el conflicto "con el objetivo de evitar un cierre que la Junta parece estar dispuesta a asumir sin importarle las consecuencias".

A la oposición del sindicato se une el rechazo del Ayuntamiento de Aracena y de las organizaciones empresariales que tampoco apoyan la clausura del laboratorio. El Consistorio serrano, a través de su alcalde Manuel Guerra, también se opone el proyecto de reordenación de los laboratorios de salud animal en Andalucía. Guerra se ha reunido recientemente, tras tener conocimiento de la noticia, con el director del centro aracenense y representantes de diferentes agrupaciones ganaderas.

El alcalde quiso tranquilizar al sector porque se trata de "un estudio, un borrador, nada definitivo ni oficial", aunque reconoció que "preocupa y perjudicaría a un sector clave en la Sierra como es el ganadero".

Manuel Guerra defiende la continuidad del laboratorio por tres motivos fundamentales. El primero es porque en la Sierra existen muchas explotaciones ganaderas y porque da servicio a toda la provincia. En segundo lugar, por tratarse de un laboratorio nuevo, inaugurado en julio del 2009 por la entonces consejera Clara Aguilera, con una inversión de un millón de euros y por la desaparición de los puestos de trabajo que conllevaría el cierre. Su actual plantilla está compuesta por doce trabajadores, que perderían el empleo o tendrían que desplazarse a otro laboratorio, en principio al de Bonares.

Guerra afirmó que por ahora "existe diálogo y contactos en positivo con la consejería", pero ha advertido que si se agotan todas las vías y no se consigue mantener el laboratorio pasarían a "otro tipo de acciones de presión".