El Tribunal Militar Central suspendió de empleo por un mes a un sargento del Seprona de la Guardia Civil por una "negligencia grave" en el cumplimiento de órdenes en relación con su actuación para la detección de captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana. La sentencia, firme al haber sido confirmada por el Tribunal Supremo, desestima el recurso contencioso-disciplinario militar interpuesto por el sargento contra la resolución de 25 de julio de 2013 que imponía la sanción.

Los hechos tuvieron lugar después de que en enero de 2012, el teniente jefe del Seprona de Huelva tuviera conocimiento extraoficial de que por parte de la Fiscalía General de Medio Ambiente se les iba a encomendar la realización de diligencias tendentes determinar la existencia de captaciones ilegales de agua en el entorno del Parque de Doñana, con afectación del denominado acuífero 27.

La operación se inició oficialmente con la recepción del primer escrito del Ministerio Fiscal el día 14 de marzo de 2012 y de su dirección se hizo cargo el sargento sancionado, que estuvo al frente de la misma hasta el 16 de julio, en que pasó a la situación de baja temporal. En ese período la actividad dedicada por el sargento al cumplimiento de la orden recibida fue "notoriamente insuficiente e inferior a la requerida por la envergadura de la misión encomendada": se localizaron 46 pozos y 26 balsas de agua, sin actas de inspección; no se realizó gestión alguna de solicitud de información a organismos públicos ni a entidades privadas y se realizaron reportajes fotográficos de 26 pozos y nueve balsas, sin trasladarlos a planimetría. Ello motivó que por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente se dirigiese un nuevo escrito al teniente coronel jefe de la Comandancia de Huelva en el que se recordaba la solicitud de información y reiteraba la elaboración del informe requerido.

Tras la baja del demandante, la investigación fue asumida personalmente por el teniente jefe de la sección del Seprona, que desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 27 de febrero de 2013 localizó 224 pozos y 78 balsas, todos ellos objeto de reportaje fotográfico y traslado a planimetría; la realización de diligencias en relación con 270 pozos y 100 balsas de agua y el traslado de la información recabada a tres atestados.

A la luz de estos datos se advirtió la negligencia en lo que al cumplimiento de las órdenes se refiere por parte del sargento, dando lugar a la apertura del expediente y a la posterior sanción, confirmada en todas las instancias.

Entiende el Tribunal Militar que la conducta del sargento es "grave" no sólo por su escasa diligencia sino "por la especial trascendencia y envergadura del servicio encomendado".