"No es la primera vez que nos pasa y después de perder 18 ejemplares estamos en alerta", se lamenta el gestor de una explotación ganadera del Andévalo José Antonio Castaño. Según su testimonio, uno o varios buitres leonados atacaron la pasada semana la Dehesa Fuentecubierta, ubicada entre Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casas, lo que provocó la muerte de las ovejas, que se encontraban pastando en la finca que tiene una superficie de 870 hectáreas.

Los hechos se produjeron el pasado viernes cuando un trabajador de la explotación acudía como cada día a la finca y se encontró la imagen dantesca de los restos de los animales.

Ante el ataque, en la finca se mantienen atentos a todo aquello que pueda alterar el normal funcionamiento de la explotación. Sobre todo, porque la actividad principal es el cuidado de 150 madres ibéricas puras de reproducción. Las cochinas no salen de sus parideras, tal como marca la ley, pero los lechones pasan rápidamente a vivir en libertad y eso "hace temer el posible contagio de enfermedades transmitidas por los buitres", puntualiza el gestor de Fuentecubierta. Por ello, pide a la Junta que actúe y "haga lo imprescindible para evitar nuevos ataques".

Desde la Junta de Andalucía se recuerda que es "fundamental" que se ponga en conocimiento de los agentes de Medioambiente o la propia delegación provincial el ataque sufrido. "Sólo así, se puede certificar que la ofensiva ha sido por un animal o por otro". A pesar de no descartar que la muerte de los ovinos se deba al ataque de buitres, sobre todo porque ahora se encuentran en época migratoria, advierten de que previamente pudieron sufrir el ataque de otro tipo de animales como perros. En todo caso, se recuerda la necesidad de tapar con lonas las ovejas muertas, para evitar que regresen las aves; además, se aconseja la presencia de perros para ahuyentarlas, así como el uso (siempre con autorización) de cañones disuasores que con su sonido ahuyentan a las aves carroñeras. También hay ayudas, aunque sólo en casos puntuales, dentro del programa de conservación del buitre negro (que también se aplica al buitre leonado).

Ante esta situación, los ganaderos reclaman una actuación de la Junta de Andalucía, sobre todo ante la imposibilidad, con carácter general, de que los cadáveres de animales permanezcan en el campo, lo que propicia que las aves carroñeras no encuentren alimento, facilitando este tipo de ataques.

A nadie se el escapa que la rígida aplicación de normativas generales europeas surgidas a raíz de la enfermedad de las vacas locas trajo consigo, además de una carga económica considerable para muchos ganaderos, graves problemas para las poblaciones españolas de buitres. La ley obliga enterrar todo animal muerto, ajena a que en países como el nuestro gran parte de esas carroñas son sabiamente aprovechadas por las aves necrófagas, especialmente buitres, alimoches y quebrantahuesos.

Gracias a la presión de ganaderos, naturalistas y ornitólogos, Europa aceptó finalmente incluir una serie de enmiendas que abrían la posibilidad de volver a dejar en el campo restos animales disponibles para la alimentación de los buitres. Precisamente uno de los objetivos de la nueva normativa era reducir los ataques de buitres a ganado vivo, provocado por el hambre que pasaban mientras los animales muertos debían de ser destruidos por empresas autorizadas, con el consiguiente coste para el ganadero. Para reducir el impacto económico, Asaja firmó en Huelva un convenio para facilitar la retirada e incineración inmediata de esos restos

Pero en Andalucía sólo se permitió en un principio el aprovechamiento de animales abatidos por ejercicio de la caza mayor. La norma establecía los procedimientos de recogida, transporte y eliminación de los restos animales provenientes de las actividades cinegéticas. Esta medida buscaba compatibilizar la conservación de especies necrófagas y mejorar las condiciones sanitarias y la calidad cinegética ubicando muladares específicos en los cotos de caza.

Las ubicaciones han sido escogidas por constituir zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, como especifica el real decreto. Se localizan en lugares de distribución del Alimoche, el Quebrantahuesos, el Buitre negro, el Buitre leonado, y parcialmente las del Águila real, el Águila imperial, el Milano real y el Milano negro. Hasta 2012 se dejaba al margen al sector ganadero, precisamente al que llegaba la mayor cantidad de alimento para aves carroñeras.

Con la aprobación, en mayo de 2012, de una orden se abrió el abanico y se declaró la Zona de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, en la que se encuentra gran parte de la provincia de Huelva. Se detalla escrupulosamente los lugares en los que se permite el depósito de cadáveres de animales, siempre que se haya solicitado previamente el permiso oportuno por parte de las ADSG (Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera).

Los puntos de alimentación identificados en las explotaciones ganaderas "evitarán impactos negativos sanitarios, socioeconómicos y riesgos de accidentes para las aves", detalla el documento, que advierte de éstos deberán estar a más de 10.000 metros de aeropuertos y a más de 4.000 metros de aeródromos para evitar riesgos en relación con la seguridad aérea; fuera de áreas de vegetación cerrada y cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de acuíferos; a más de 200 metros de los puntos de alimentación suplementaria de ganado y ungulados silvestres, de vallados propios de la explotación y de carreteras y caminos; a más de 500 metros de viviendas humanas y establos de animales; a más de 1.000 metros de tendidos eléctricos, y a más de 4.000 metros de aerogeneradores.

Fue una "gran ayuda" y un mecanismo que facilita la labor ganadera, a pesar de que desde el sector se pide mayor implicación y actuación por parte de la Administración.