El Ayuntamiento ha desvelado que Aqualia, empresa que explota el ciclo integral del agua en Moguer (que cuenta con una población de algo más de 21.300 habitantes), persiste en su intento de incrementar sus tarifas en un 50,5% desde que se privatizó el servicio en 2009. Hasta ahora el equipo de gobierno ha limitado estas subidas al 7,2%, aplicado en 2013. La empresa justifica esta petición en el artículo 36 de las cláusulas del pliego de condiciones técnicas y jurídicas, donde se estable que la institución local ha de asumir íntegramente el diferencial entre los coste que genere el servicio y la facturación real de los clientes del municipio.

El Ayuntamiento ha vinculado esas subidas al IPC, al interpretar que si la empresa incurre en déficit es por causas ajenas al consumo de los abonados y a su papel como mero intermediario.

Aunque el alcalde, Gustavo Cuéllar (PSOE), no cuestiona la legalidad de la privatización suscrita por su antecesor, Juan José Volante (PP), sí que censura los blindajes impuestos para garantizarse el beneficio empresarial, "recuperando, con intereses incluidos, los siete millones de euros percibidos por el Ayuntamiento tras la concesión del servicio". En este sentido, el edil denuncia que "se trata de un préstamo encubierto, dado que la entidad mercantil cubrirá sí o sí todos aquellos gastos no previstos en su día".

Cuéllar considera que dicha cláusula incluida en el pliego de condiciones es claramente abusiva y va en contra de los intereses de los ciudadanos. "El negocio es redondo: te doy la prestación de un servicio; si ganas dinero, para ti, pero si los costes superan las tarifas, 'yo te lo abono", apostilla.

Fuentes de Aqualia puntualizaron que las actualizaciones se aplican según lo "estipulado en el pliego de condiciones, firmado en el contrato de concesión"de tarifas, que se corresponden con un 32,84% más y no con un 50,5% como asegura el Ayuntamiento.

En él se establecen que las tarifas se someten a la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC) y fluctúan igualmente en otros tres campos: el incremento de la energía eléctrica, el precio del agua en alta, que suministra la propia Giahsa, y el déficit de ingresos originado en el servicio como consecuencia del desfase entre los datos fijados por el Ayuntamiento en la fase de oferta y la realidad.

De este modo, "desde el inicio del contrato las tarifas municipales sólo han tenido una actualización, en el año 2013, que fue de un 7,2%, insuficiente para cubrir los costes del servicio". En este mismo periodo de tiempo los incrementos "la energía eléctrica supone algo más del 5% de los costes del Servicio Municipal de Aguas, y la compra de agua, aproximadamente un 30%. Con estos datos se explica que el Servicio Municipal de Aguas de Moguer acumule un déficit de más de 3 millones de euros" .

A pesar de todo, desde la empresa apelan "que actualmente las tarifas son, según número de habitantes y consumo realizado, entre un 53% y un 87% más bajas que las de referencia en el resto de los municipios de la provincia, cuyo servicio de agua es gestionado por Giahsa". De este modo, "aun subiendo el Ayuntamiento la retribución de Aqualia en el porcentaje propuesto para equilibrar el servicio, las tarifas de agua de Moguer seguirían siendo sensiblemente más barata" que la competencia.

El equipo de gobierno del PP sacó a concurso el ciclo integral del agua en 2009 por un periodo de 25 años. Una privatización por la cual las arcas públicas percibieron siete millones. De ese montante económico se establecía un pago de 5,5 millones abonados en efectivo, mientras que otros 1,5 millones de euros quedaban a expensas de necesidades de inversión en mejoras de la red de saneamiento, alcantarillado y depuración. Además, la institución local percibirían periódicamente entre un 1 y un 2 % de la factura mensual de los moguereños.

El exalcalde Juan José Volante justificó en su día la operación como un medio de capitalizar un servicio y encontrar nuevas fuentes de ingresos en un Ayuntamiento en el que la recaudación cayó a plomo, acumulando una deuda superior a los 16 millones de euros, mayormente generados durante su propio mandato. Fue en un momento en el que los populares iniciaron una cruzada contra la gestión de la Mancomunidad de Aguas y Servicios (MAS) y su empresa instrumental Giahsa, a la que acusaban de "estar al servicio del partido socialista". Tras el acuerdo PSOE, PP, IU y PA se puso paz a la guerra del agua tras un reparto de más de 650.000 euros para los grupos políticos, pero Moguer ya había privatizado el servicio.

Cuéllar mantiene que a efectos prácticos el dinero ingresado fue un "préstamo encubierto" por parte de Aqualia después de que el Ayuntamiento tuviera cerrada las puertas de las entidades de crédito. Sin posibilidades de reflotar el ladrillo, el agua representaba un modo de financiación que, para más inri, era políticamente más rentable que gravar con impuestos a los ciudadanos o elevar la carga fiscal de los ya existentes.