La decisión del Ayuntamiento de Rociana del Condado de abonar las facturas de agua y luz a todos aquellos vecinos en riesgo de exclusión social, con independencia del consumo, ha enervado a decenas de familias que están a la espera de beneficiarse de alguna prestación social.

En concreto, la concejalía de Servicios Sociales ha costeado el 100% de recibos de agua y luz que superaban, respectivamente, los 60 y los 180 euros, lo que a juicio de muchas familias sobrepasa la cobertura del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales de la Junta de Andalucía que tiene por objeto de cubrir únicamente los costes básicos de las familias, "nunca el derroche de usuarios que no muestran el más mínimo sentido del ahorro, en la certeza de que el Ayuntamiento les socorrerá en cuanto acumulen algún recibo impagado", aseguran.

Algunos usuarios han denunciado la arbitrariedad de las ayudas y que con esta praxis se perviertan los fines para los que se formuló el Decreto-ley de la Administración autonómica que determina que las medidas tienen un carácter "urgente y transitorio hasta la elaboración de la norma que aborde de forma definitiva un sistema de garantías que permita a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica cubrir sus necesidades mínimas de suministros de agua potable y energía eléctrica".

La concejala de Asuntos Sociales, Socorro Reyes, justifica el pago de facturas tan elevadas debido a que tanto "el agua como electricidad son bienes de consumo caros, por lo que nosotros no entramos en la dinámica de analizar si gastan mucho o poco". En consecuencia, la edil socialista destacó que los únicos criterios que se siguen para valorar los beneficios de este programa son el de aquellos vecinos que "consideremos que estén en riesgo de exclusión social", algo que determinan "los técnicos municipales", si bien reconoce que no hay un baremo por el cual se definan quienes están o no en esta situación.

Según denuncian los usuarios, esta situación habría generado un efecto llamada, de forma que habría personas que dejarían de pagar los recibos con la intención de que el Ayuntamiento les abone las facturas. Según fuentes consultadas por este periódico, a algunas familias se les ha llegado a abonar en un solo año más de 1.200 euros por sendos conceptos.