La empresa Vitemo Sociedad de Inversiones ha denunciado que el Ayuntamiento de Almonte paralizó durante dos años la urbanización de la calle Santa Olalla, en la aldea de El Rocío, para introducir una modificación parcial cuyo único objetivo fue dar cobertura legal a una vivienda construida de forma irregular que, para más inri, invadía una vía pública.

Su administrador, Vicente Moreno, asegura que, "desgraciadamente", la política de hechos consumados es la que ha diseñado el ordenamiento urbanístico en Almonte: "Construye que ya se te legalizará". La casas levantadas en monte público en zonas como El Porretal siguieron este modus operandi. Durante décadas se permitió la construcción de centenares de inmuebles con el beneplácito o, al menos, la inacción de la institución local. Fue a posteriori cuando se articularía toda una operación de ingeniería legal para encajar jurídicamente las construcciones, evitando con ello el derribo y dejando todo reducido a una mera sanción administrativa.

Hay un paralelismo con lo ocurrido en El Rocío, con la salvedad de que (al menos que se conozca) la vivienda no recibió sanción alguna. Es más, según denuncia Moreno, el ejecutivo de Francisco Bella (PSOE) modificó todo el entramado urbano de un Plan Parcial para encajar una única pieza en el puzle que violentaba la ordenación municipal. ¿Quién tomó responsabilidades por el desaguisado? Según el empresario, "nadie". Dos años se retrasó la urbanización de Santa Olalla a consecuencia de los trámites burocráticos, "quedando la construcción de 80 viviendas paralizadas hasta culminar la modificación de todo un trazado viario, al objeto de esquivar la vivienda que ocupaba la vía pública".

No fue el único contratiempo. La institución local optó, prosigue el constructor, por modificar una zona verde para mantener el ancho de calzada y, acto seguido, resolvió compensar ese espacio con otra zona no edificable en el lateral del inmueble que había invadido la zona pública. Para el empresario, se trata de acciones que habrían de ser "punibles" legalmente, más allá de que la mayoría absoluta de los concejales puedan respaldar tales "atropellos", más allá de los perjuicios económicos que como empresario tuvo que soportar.

Técnicos municipales consultados reconocen a este periódico que la parcela sobre la que se levanta el controvertido inmueble fue vendida por el propio Ayuntamiento. En consecuencia, ¿por qué no se edificó conforme al Plan Parcial? Según estas fuentes, "debido a que algún técnico cometió un error en las mediciones de las parcelas". Una vez constatada la invasión en el terreno público, se pusieron sobre la mesa dos opciones: el derribo del inmueble "y su correspondiente indemnización al propietario (en caso de constatarse que no edificó ilegalmente) o, en su defecto, la modificación puntual del Plan".

Fue una decisión "política" -en este caso, del PSOE y posteriormente ratificada por el nuevo equipo de gobierno del PP- que se optara por esta segunda vía para solventar este incumplimiento del Plan Parcial. El retranqueo de la zona edificable también conllevó modificar a su vez el emplazamiento de la zona verde que se cede a las hermandades para que acampen durante la Romería de Pentecostés.

El empresario insiste en rebatir estos argumentos y asegura que la casa se encontraba aún en cimientos en el momento en que reclamaron que se mantuviera el plan conforme a su diseño primigenio. ¿Qué coste conllevaron todas estas modificaciones? Nadie es capaz de concretarlo. Pero no fue lo único. Según remarca Moreno, los almonteños tuvieron que sufragar con sus impuestos la modificación de la instalación de las farolas, "colocadas conforme al proyecto de alumbrado viario de la urbanización de la calle Santa Olalla".

Una vez construida la casa, el alcalde socialista ordenó recolocarlas sobre el nuevo trazado para salvaguardar la vivienda construida fuera de alineación.