La empresa Vitemo Sociedad de Inversiones SL, que dispone del derecho de urbanización de 80 parcelas en la calle Santa Olalla de la aldea de El Rocío, presentará un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Almonte para reclamar daños y perjuicios por frenar el desarrollo de una promoción de viviendas.

El administrador de la entidad mercantil, Vicente Moreno, entiende que la institución local "incumplió de forma unilateral y reiterada todos y cada uno de los acuerdos recogidos en el pliego de condiciones, paralizando el proyecto en fechas en las que era rentable y viable la operación inmobiliaria". Para este fin, la empresa presentó el preceptivo proyecto de edificación supervisado por el colegio de arquitectos (200.000 euros); mantuvo el compromiso de venta a precio tasado que venía estipulado en el pliego de condiciones, y abonó en tiempo y forma la licencia de obra (49.052 euros). Sin embargo, las obras jamás pudieron llegar a materializarse a consecuencia de que el equipo de gobierno socialista, a pesar de tener entre manos una operación por la que percibiría 9.890.805.856 euros más otros 1.568.936 en concepto de IVA, no consolidó el terreno, "coartando" las aspiraciones empresariales.

Fue esta la razón de que Vitemo encontrase cerradas las puertas de las entidades de crédito. En febrero de 2010 Cajasol reitera a la empresa que "para continuar con el estudio de su petición de financiación para la promoción de 16 viviendas en la aldea de El Rocío… le solicitamos nos remita la licencia de obras concedidas por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Almonte de dicha actuación urbanística". Sin este trámite, el empresario sevillano se vio atado de pies y manos para llevar adelante el proyecto. Esta situación le generó un grueso de denuncias que más tarde el juez archivaría al determinar que no era responsable del retraso de la construcción de las viviendas, dado que el Ayuntamiento no llegó nunca a consolidar el suelo.

Moreno defiende que el negocio era viable. Se trataba de inmuebles de 150 metros cuadrados de superficie que, a pesar de la crisis, tenían mercado; principalmente porque El Rocío es reconocido internacionalmente como centro de peregrinación cristiana. Pero el escenario fue cambiando por la depreciación del suelo. Su derecho de compra por cada una de las parcelas es de 142.184 euros, cuando en terrenos colindantes "se están vendiendo por debajo de los 89.000 euros".

El empresario censura que en 2011 y ya con el nuevo gobierno del PP, los incumplimientos "se extienden sin revisión". La urbanización de los terrenos continuó sin llevarse a efecto e incluso el alcalde, José Antonio Domínguez, rechazó en mayo de 2012 una oferta para adquirir suelo y desarrollar la primera fase y la construcción de 16 viviendas. Moreno recuerda que puso a disposición notarial un depósito para garantizar el abono de sendas parcelas, de las ochenta sobre las que dispone del derecho de urbanización.

El acuerdo, a tres bandas, fue adoptado entre los representantes institucionales (el teniente alcalde, Alberto Mondaca, la concejala de Urbanismo, Rocío Fátima Pérez; el secretario municipal), Vitemo y los compradores que habían formalizado la compraventa. En base a dicho acuerdo se consignaron a favor del Ayuntamiento 250.000 euros en efectivo, 600.000 en pagarés a 180 días y 1.100.000 a compensar con el gasto de las obras de urbanización del sector del Plan Parcial Santa Olalla Sur. El Ayuntamiento, en ultima instancia, reculó dando al traste el acuerdo y volviendo a dejar en suspenso una vez más el proyecto. El portavoz municipal, José Joaquín de la Torre, justifica que por lo que a su equipo de gobierno respecta "siempre ha existido una voluntad explícita de desbloquear todo el nudo burocrático que lastró el desarrollo urbano del Plan Parcial de El Rocío".

La empresa, "frente ante la imposibilidad de afrontar la financiación total del proyecto", presentó una oferta de pago por la primera fase del proyecto: 16 parcelas con aquellos comprados con los que previamente se había formalizado un acuerdo de compra venta.

Sin embargo, de la Torre insiste: "Somos una entidad pública que no puede arriesgarse a aceptar unos pagarés. El ex alcalde, Francisco Bella, le permitió fraccionar el desarrollo urbano de la zona. No se si eso será legal, si bien tenemos claro que nosotros no vamos a bordear la legalidad". En cualquier caso, insistió en que "ya se ha terminado de urbanizar la zona y se están cerrando los flecos para la recepción de las obras con los informes de Salud e Industria. Tras ello, Vitemo tendrá dos meses para iniciar las obras", recalcó.

Las trabas burocráticas para desarrollar el proyecto se remontan al 2007 cuando fracasa el intento de vender las viviendas a precio tasado a los residentes en el municipio de Almonte. A partir de ese momento, el apoyo institucional, que incluso se concretó por parte del Ayuntamiento con la cesión de la Empresa Municipal de la Vivienda, se esfuma una vez se constata que no hay demanda entre los almonteños para adquirir los inmuebles que tenían un coste de 270.000 euros.