La Audiencia Provincial ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, tras desestimar el recurso de apelación presentado por un vecino de Cartaya condenado a un año de cárcel, multa de 1.440 euros y a ejecutar la demolición de su vivienda habitual por haberla construido de manera ilegal, al carecer de licencia para ello en un paraje de suelo no urbanizable de protección agrícola.

Se considera probado que esta persona solicitó en 2005 y se le concedió licencia para la construcción de un almacén agrícola de 50 metros cuadrados en una finca de su propiedad en el paraje Cañada de los Hornos, si bien construyó un edificio destinado a vivienda de 286 metros cuadrados y con una superficie construida muy superior a la máxima permitida como nave agrícola.

En su recurso el condenado pedía que se revocara la sentencia y se le absolviera del delito contra la ordenación del territorio por el que fue condenado, además de que se ordenara que no se realizara la demolición de la vivienda.

Éste entendía que los hechos acreditados no eran los relatados en la sentencia y exponía que la vivienda se encuentra en un territorio agrícola sin protección especial donde cada parcela tiene una vivienda por lo que se trata de un núcleo de población, llegando incluso a pagar IBI por ella, al constituir domicilio habitual.

Además, consideraba "desmedida" la demolición de la vivienda que entiende excepcional y reservada, según la ley, a supuestos con un plus de antijuricidad como construcciones en dominio público costero o fluvial, parque naturales o espacios vírgenes.

La Audiencia, sin embargo, entiende que ninguna de las alegaciones contradice con rotundidad los hechos probados.