El equipo de gobierno de Bollullos par del Condado dio ayer cuenta de los despidos disciplinarios de dos trabajadores de la plantilla municipal tras estar ambos 122 días sin aparecer por sus respectivos puestos de trabajo. Uno de ellos "trató de agredir a la inspectora laboral y a un compañero", mientras que el segundo expediente afecta a una persona que "ejercía como profesora interina en la Junta de Andalucía".

Así lo expuso el alcalde, Francisco Díaz, en una sesión plenaria en la que el secretario dio lectura a un documento en el que "se acredita de forma inequívoca" esta falta que motiva el despido.

El PSOE no defendió la actitud de los trabajadores ni cuestionó la medida disciplinaria, si bien el portavoz, Rubén Rodríguez, subrayó que los dos afectados forman parte del colectivo de 40 trabajadores a los que el equipo de gobierno despidió en su día; posteriormente tuvo que readmitirlos e indemnizarlos con más de tres millones de euros. Todo ello, añadió, "por no acatar una sentencia en el sentido de la reincorporación a su antiguo cargo".

El portavoz del PP, Francisco Martín, cargó la responsabilidad en Carlos Sánchez, quien en 2008 y en la semana preliminar a la moción de censura decidió formalizar cuarenta nuevos contratos para "dinamitar la viabilidad económica de la institución".

Precisamente, el edil popular dijo que este colectivo ha estado reivindicando la reincorporación a sus antiguos puestos de trabajo y, una vez se que se logra, "no acuden" a cumplir con quienes les pagan el salario. Martín denunció que "sí que van a los bares de copas a las cinco de la mañana; o el caso de un ingeniero de Caminos que se da de baja por depresión y a lo mejor está en la playa y tenemos que sacar aquí sus fotos".

El concejal añadió que, "si se demuestra que la baja es fraudulenta, estaríamos hablando de robarle al pueblo". Del mismo modo, justificó que se hayan tenido que abonar tres años de salario de tramitación por "la lentitud" de la Justicia y el circuito burocrático hasta llegar al Tribunal Supremo, al que recurrimos "en defensa de los intereses del Ayuntamiento".

El portavoz de IB, Sergio Rosado, señaló que "quien se proclamaba portavoz del colectivo ha estado ejerciendo de interina en un centro educativo, aun a pesar de la ley de incompatibilidades, que impide a un trabajador ejercer en dos administraciones diferentes.

El Pleno de la cámara local también abordó el cambio de gestión de la piscina municipal mediante concesión administrativa. El movimiento representa para el PSOE un modo de abocar el deporte y la cultura a "a algo elitista", mientras subrayó que los socialistas nunca van a respaldar medidas que redunden en la "privatización de servicios". Al mismo tiempo, añadieron que en La Palma del Condado las tarifas son inferiores a las que se cobra a los bollulleros.

Los populares recordaron que actualmente la gestión arroja un déficit de 187.000 euros, que de forma corresponsable abonan todos los ciudadanos. Bajo esta realidad sostienen que están tratando de lograr que una empresa gestione el complejo acuático, ya que la prioridad es no dejar de prestar un servicio que más allá del ámbito deportivo, dado el uso terapéutico que para muchos ciudadanos tiene la práctica de la natación.

Por su parte, IB explicó que las nuevas obras realizadas en la techumbre y en el vaso posibilitaran reducir ese déficit, a la vez que presumió de contar con 2.000 abonados, lo que a su juicio refuta que su práctica sea algo elitista.

Para rematar la operación, al término de la sesión y por vía de urgencia, el equipo de gobierno aprobó ceder a la empresa municipal Bubulca la gestión de la piscina durante el tiempo que conlleva la concesión administrativa.

Otro punto de controversia fue la designación del comité de expertos que diseñará el pliego de condiciones administrativas para la licitación de la Escuela Municipal de Música y Danza. A pesar de que no existieron objeciones a los expertos propuestos, la decisión volvió a sacar a colación las bondades o perjuicios sociales de privatizar o no un servicio municipal.

Los socialistas, en boca de Adrián Iglesias, argumentaron que esta decisión pondrá en manos privadas la enseñanza, privando a todo aquel que no disponga de recursos económicos de la enseñanza.

El equipo de gobierno apuntó que durante su gestión han podido incrementar los cursos a la par que el número de alumnos, contribuyendo a reducir a cero el déficit que arrastraba y que ascendía a 200.000 euros anuales. Igualmente, precisaron que la gratuidad en materia musical está garantizada por el Conservatorio de Música.