El informe de la conocida como Reforma de la Administración Local, presentado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el pasado 15 de febrero, tras el Consejo de Ministros, afectaría de lleno a 16 de los 29 pueblos de la Sierra de Huelva que tienen menos de 1.000 habitantes, en los que ninguno de sus representantes recibiría ninguna retribución salarial. La propuesta del Gobierno central, que pasa por limitar las retribuciones de los alcaldes y ediles en función de la población de los municipios (los de menos de 1.000 habitantes no podrán cobrar), así como el número de liberados y asesores, tendrá un efecto directo en una comarca llena de pequeños pueblos: de los 235 concejales elegidos en la Sierra, incluyendo alcaldes, sólo 34 podrían estar liberados: 13 como regidores y 21 concejales con dedicación exclusiva.

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, comarca del norte de la provincia de Huelva, tiene 29 municipios en total, con una población de 39.469 habitantes a 1 de enero de 2012 (último censo de población del INE). La Sierra es una zona muy dispersa en población, con muchas localidades, además de aldeas, y con pocos vecinos en ellas. Sólo Aracena tiene más de 5.000 habitantes. Incluso la comarca ha perdido con respecto a 2011 más de 500 vecinos censados, concretamente, 521.

A partir de la información facilitada por los alcaldes de la Sierra, el Instituto Nacional de Estadística (población a 1 enero 2012) y la Oficina del Censo Electoral (número de concejales y distribución por partidos), es posible dibujar un panorama de cómo afectaría la reforma local a la comarca.

Los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes no podrían cobrar más del 60% del sueldo de un secretario de Estado; es decir, 40.000 euros máximo. En la Sierra, sólo un pueblo, Aracena, estaría en este grupo. En la actualidad su alcalde, Manuel Guerra, cobra 39.000 euros brutos al año, en tanto que regidor y sobre todo como presidente de la Mancomunidad Ribera del Huelva. Con esta cifra podría seguir manteniendo su salario, aunque en el caso de tener complementos o dietas no debería pasarse en exceso.

Entre 2.000 y 5.000 habitantes hay 4 pueblos: Aroche, Cortegana, Jabugo y Santa Olalla, cuyo sueldo tope sería 30.000 euros. En los dos primeros que han facilitado sus datos la reforma tampoco tendría ninguna repercusión. José Antonio Muñiz, de Aroche (PSOE), cobra 1.400 euros en bruto como alcalde y 700 euros brutos de la Mancomunidad Sierra Occidental donde es presidente, es decir, un total de 26.600 euros al año. Mientras que José Enrique Borrallo (PP), alcalde de Cortegana y, según él mismo, cobra 1.700 euros al mes (23.800 euros al año). Según las actas consultadas del Ayuntamiento de Cortegana, a 21 junio 2011 (Pleno tras las elecciones donde se indican, entre otras cosas las retribuciones municipales) se señala que el sueldo del alcalde será de 1.800 euros mensuales líquidos en 14 pagas (en diciembre el equipo de gobierno corteganés prescindió de la extraordinaria de Navidad). Aún así (13 pagas en 2012) tampoco pasaría de los 30.000 euros.

De 1.000 a 2.000 habitantes, con un sueldo de sus ediles de 20.000 euros como máximo, hay 8 pueblos: Almonaster, Arroyomolinos de León, Cala, Cumbres Mayores, Encinasola, Galaroza, Higuera de la Sierra y Rosal de la Frontera. En el caso de Cumbres Mayores, su alcalde, Ramón Castaño, es el único con retribución en el Ayuntamiento. Su sueldo sobrepasa ahora mismo, por poco, el planteamiento pretendido en la reforma, ya que cobra 1.800 euros brutos al mes. Con doce pagas sería un total de 21.600 euros al año. En el lado contrario están casos como el del alcalde de Cala, que no cobra nada.

El asunto que más polvareda ha levantado ha sido que los pueblos de menos de 1.000 habitantes no tengan derecho a que ningún representante municipal cobre un sueldo. En la Sierra en esta tesitura se encuentran 16 municipios: Alájar, Cañaveral, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor la Real, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Fuenteheridos, Hinojales, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, La Nava, Santa Ana, Valdelarco y Zufre. En la actualidad más de la mitad de ellos cobran un sueldo municipal que se podría considerar mileurista, que suele rondar de media entre 900-1.200 euros mensuales netos, y en casi todos los casos es el único representante municipal que cobra (cierto es también que la mayoría lo hace como si fuera su profesión).

El alcalde que más cobra en este grupo es Ezequiel Ruiz, de Puerto Moral, pero no como alcalde sino en calidad de vicepresidente de Giahsa (PSOE), con 46.000 euros al año, y no pasa ni dietas ni kilómetros, de ahí que para las arcas municipales de esta localidad no suponga ningún gasto.

En la Sierra hay preocupación ante la reforma planteada por el Gobierno, especialmente en las filas socialistas, y por algo sencillo: gobiernan en 20 de los 29 pueblos. La segunda fuerza con más consistorios es IU, con cuatro: Cala, Corteconcepción, Encinasola y Zufre; el PP, con tres: Arroyomolinos, Cortegana y Santa Olalla, y dos para los independientes: Higuera (cogobierno con el PP) y Linares de la Sierra. El resto son todos ayuntamientos bajo mandato del PSOE, en algunos casos con apoyos de IU (como en Cortelazor) e incluso del PP (en Fuenteheridos).

Tras conocerse la noticia las reacciones de los diferentes representantes de los partidos políticos no se han hecho esperar. El informe presentado, que no anteproyecto, es claramente a la baja en cuanto a las pretensiones iniciales del Gobierno central, ya que pretendía reducir el número de concejales de los ayuntamientos (algo que no se ha llevado a cabo finalmente, aunque sí habría menos concejales con retribución) y reducir más el sueldo de los alcaldes: si bien se iguala el salario de los regidores de las capitales al de un secretario de Estado, tal y como se aseveró desde un principio, la cantidad a percibir se elevaba notablemente en la comparecencia del ministro Montoro, hasta los alrededor de 100.000 euros (sueldo más complementos). Esta última cuestión es bien vista y aceptada por casi todos los alcaldes, de cualquier signo político, en parte porque aseguran que los sueldos ya se regulan según la FEMP y la FAMP (federación española y andaluza, respectivamente, de municipios y provincias).

La "amenaza" es que se hará un control exhaustivo en los servicios públicos de las entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades, principalmente) y si no se cumplen o las cuentas presentan déficit, su gestión pasaría a las diputaciones. En este punto, PSOE e IU alzan la voz en la comarca serrana porque entienden la norma como "inconstitucional" y creen firmemente que no hay mejor servicio que el que dan los ayuntamientos. Tampoco se creen los objetivos esgrimidos por Montoro de más eficiencia y menor gasto con la reforma. Y aún menos que al haber menos concejales con retribución se fomentaría la participación, ya que para socialistas e izquierdistas se volvería a la "época franquista" donde solo podía "ser alcalde quien y quien" o lo que es lo mismo, el "señorito del pueblo".

En el PP cierran filas y ven muy positiva la reforma; sin embargo, en los asuntos más peliagudos prefieren no entrar en profundidad.