El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer que el tipo de vertido que podría producir el nuevo gasoducto de Doñana "es muy distinto a los de otros combustibles, como el gasóleo" y "no puede producir una contaminación similar".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el ministro señaló que el proyecto de construcción del nuevo gasoducto, que medirá un total de 18.169 metros, ha sido sometido "a las medidas y a los criterios más rígidos" y que -según la perspectiva del Gobierno- "se cumplen todos los requisitos para que se pueda autorizar la instalación".

Además, explicó que el interés del proyecto radica en el aprovechamiento de las bolsas impermeables de gas que ya han sido explotadas para almacenar gases y señaló que es un sistema "muy conveniente" y que ha sido "muy comprobado y testado".

Las declaraciones del ministro se producen después de que el pasado día 29 el Gobierno autorizara la construcción de un nuevo gasoducto en el Parque Natural de Doñana, en el término municipal de Saladillo. Las nuevas instalaciones se sumarán a las que ya están en funcionamiento en las marismas A, B-1 y C-2 del parque natural para la extracción de hidrocarburos.

Las organizaciones ecologistas se oponen el proyecto y la Junta de Andalucía ha asegurado que lo mirará con lupa para que no perjudique al espacio natural.

La Mesa de la Ría, colectivo con representación municipal en el Ayuntamiento de Huelva se ha posicionado en contra de los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas natural y en favor de la paralización de la extracción de gas de Repsol en Doñana.

Según el colectivo, el proyecto de almacenamiento de la empresa Petroleum Oil & gas España, filial de Gas Natural Fenosa, ubicado en el Parque natural, así como las plataformas de extracción de hidrocarburos de Repsol-YPF, situadas en la costa sus instalaciones en tierra confirman los "enormes riesgos y daños" en el entorno de Doñana, denunciados a los expertos de la Unesco que inspeccionaron el Parque en febrero de 2011, ante los que ya solicitó la inclusión en la lista de sitios en peligro Patrimonio de la Humanidad, expediente que la Mesa de la Ría volverá a activar.

En su opinión, ambos proyectos confirman que las declaraciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales que otorga el Gobierno son "un cachondeo, carecen de criterios técnicos y se otorgan atendiendo a las diferentes presiones que ejercen los lobbys y multinacionales de energía concentradas fósiles no renovables".