Los mariscadores están de nuevo en pie de guerra. La actividad del sector para asegurar su supervivencia pende muchas veces de un hilo. Regulación, normativas, prohibiciones, furtivismo son algunos factores que condicionan el marisqueo de la coquina, una actividad que se desarrolla en el litoral onubense desde hace lustros. Un nuevo componente se suma ahora con fuerza a todas las amenazas que de manera periódica y reiterada denuncian los mariscadores: el desempleo. Y es que la falta de trabajo está motivando que cada vez haya más personas que se dediquen a la extracción de este bivalvo para el sustento familiar al carecer de otros recursos.

La Asociación de Mariscadores de Nueva Umbría de Huelva denuncia el incremento constante de mariscadores ilegales, que contabiliza por decenas a lo largo del litoral onubense, desde Matalascañas a Ayamonte; así como el peligro que supone para el futuro del caladero. De poco van a servir todas las restricciones que la Administración ha impuesto de seguir estas prácticas, como así parece que será si no se pone remedio.

El sector ni siquiera está en contra de que se aumente en 50 el número de licencias actuales que hay en la provincia de Huelva. Más bien, y sobre todo, considera fundamental y prioritario que se termine con las faenas no autorizadas. De no ser así, se acabará la labor para todo el mundo.

La asociación asegura que los ilegales están no sólo esquilmando el caladero, sino además "rompiendo" el mercado. Sus miembros explican que, por una parte, los estos mariscadores desarrollan la actividad no solo de día, sino también de noche para evitar la vigilancia de la Policía Autonómica y la Guardia Civil, con lo que están imponiendo un ritmo de extracción que el caladero no va a poner soportar por mucho tiempo. Pero además, están suministrando a bares y distribuidores el producto a muy bajo precio, el kilo de coquina lo venden a apenas 2,5 euros, lo que está perjudicando a los trabajadores autorizados y con licencia, que consideran esta cantidad "irrisoria" debido a los gastos a los que tienen que hacer frente. El colectivo afirma que los ilegales se están "cargando" literalmente el precio fijado con los establecimientos hosteleros y está provocando que éstos opten cada vez por los productos de menor precio.

Los mariscadores de Nueva Umbría reclaman un mayor control por parte de las autoridades competentes hacia los furtivos, porque consideran que las labores de vigilancia que realizan son escasas y no están evitando la proliferación de estas prácticas.

Además, se sienten discriminados, ya que aseguran que sobre ellos sí existe un continuo control, que llega a ser en algunos casos un "acoso", mientras que el resto "campa a sus anchas" y sin "sellos ni nada"; de ahí, que demanden a las autoridades competentes que durante los controles y la renovación de licencia pidan a los mariscadores no sólo la vida laboral sino también el pago realizado a la Seguridad Social.

Los mariscadores consideran que la recogida de coquinas es un oficio y como tal tiene que estar regularizado y debe hacerse cumpliendo la normativa que para eso la Junta de Andalucía ha establecido.

Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta deAndalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica abrieron en 2012 un total de 332 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal, un número que dobla a los 147 interpuestos en 2011. La misma Junta señala que los infractores fueron particulares que "intentan sacarse un dinero" con la venta de coquinas, las cuales no pasan por ningún reconocimiento de seguridad alimentaria, como consecuencia de las dificultades económicas que rodean al actual contexto de crisis y paro.