El Ayuntamiento de Bollullos dio ayer un paso definitivo para abandonar la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, después de que la cámara local avalase, con los votos de independientes y populares, una deserción que, según vaticinó el alcalde, Francisco Díaz (IB), no será ni la primera ni la última.

Fue en una sesión de alto voltaje donde tanto IU como PSOE (que cogobiernan el organismo supramunicipal) hicieron una defensa cerrada de los beneficios que comporta el permanecer adheridos al resto de pueblos vecinos a través del cordón umbilical que comparten desde que el organismo se fundase en 1995.

El equipo de gobierno, que conforman independientes y populares, justificó la salida en un informe económico en el que se acredita que el Ayuntamiento ha abonado desde la constitución del ente 1.200.000 euros, recibiendo como contraprestación 230.00 a través de diversos proyectos puestos en marcha en la ciudad. El portavoz del PP, Francisco Martín, señaló que las cifras son suficientemente elocuentes, a la par que añadió que gran parte de los 80.000 euros que abona Bollullos anualmente al organismo supramunicipal se destinan íntegramente a sufragar la lista de "enchufados y cargos públicos que se encuentran al frente de la entidad".

Más contundente se mostró el portavoz de IB, Sergio Rosado, quien vaticinó que la mancomunidad "va a explotar al igual que la de Caminos", que cerró con una deuda de 800.000 euros. A su juicio, los objetivos fundacionales de cooperación y reducción de los costes del servicio se ven difuminados desde el mismo instante en que la prioridad deriva hacia una especie de "agencia de colocación".

En un repaso pormenorizado el portavoz popular enumeró familiares de destacados líderes socialistas que copan los escalafones directivos de la entidad, mientras que alcaldes como el de Rociana (PSOE) y alcaldables como el de Hinojos (IU) se encuentran liberados en la entidad como Tesorero y Vicepresidente, respectivamente.

Para IU no se puede cuestionar la existencia de las instituciones por el mero hecho de no comulgar con la gestión que de ellas se realiza que, en cualquier caso, "puede ser muy mejorable". El portavoz de IU, Juan Félix Camacho, se preguntó las razones de que se adoptase esta decisión cuando en Desarrollo del Condado, durante la legislatura del 2003-2007, el hoy concejal de independientes Julio Navarro trajo en tres años sólo 1.700 euros para la ciudad, a pesar de encontrarse liberado como vicepresidente.

Los socialistas y más concretamente Carlos Sánchez advirtió que el Ayuntamiento no podría hacer efectiva la salida del organismo condal en tanto en cuanto no salde la deuda de 230.000 euros contraída con la institución, lo que en las actuales circunstancias económicas podía demorarse.

Durante el turno de réplica el portavoz socialista destacó que sólo durante los dos últimos años los ciudadanos y empresas de Bollullos se han visto beneficiado por parte de la mancomunidad con proyectos cuya cuantía superaba los 414.000 euros. Sánchez también cerró su intervención cuestionando quien gestionará los fondos europeos que actualmente se canalizan a través de Mancomunidad o servicios como la Ley de la Dependencia. IU contraatacó enumerando los cargos puestos a dedo por el PP "al frente de la gestión de algunos paradores que ahora aplican ERE".

Los populares trataron de rebatir estos argumentos matizando que los fondos europeos continuarán canalizándose a través de la Asociación para el Desarrollo Rural Condado de Huelva (Adercon), mientras que la dependencia la asumirá la Diputación provincial que es "a quien compete la gestión del servicio en todos aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes". Algo que a juicio del portavoz del PP delata la duplicidad de servicios y certifican que "sobra una entidad".

El alcalde, Francisco Díaz, cerró el debate asegurando que el propio fundador de la mancomunidad y ex alcalde de Bonares, Juan Antonio Coronel (PSOE), abandonó la presidencia de la mancomunidad "porque decía textualmente que se había convertido en un nido de niñatos que habían convertido aquello en otra cosa".

Más consenso y unanimidad encontró la decisión del equipo de gobierno de prorrogar el fraccionamiento de pago a ocho familias que desde hace más de medio siglo ocupan unas viviendas de titularidad municipal.