Sin ruido ni aspavientos Lucena del Puerto abandonará la Mancomunidad de Aguas y Servicios (MAS) que, a través de su empresa instrumental Giahsa, ha venido operando en el municipio durante los últimos 30 meses.

Con la oposición del PSOE, aunque con el respaldo de la mayoría que suman Ipluc y PP, la salida de la entidad pública ya ha superado su preceptivo trámite plenario, con lo que trabajan ya para gestionar desde la institución local los servicios de abastecimiento, saneamiento, recogida, depuración y tratamiento de aguas, así como el de recogida de residuos sólidos urbanos.

El alcalde, el independiente Manuel Mora, justifica la operación por los "incumplimientos" de MAS de los acuerdos adoptados con el municipio y las tarifas que se cobra a los ciudadanos, si bien reconoce que los pagos por el uso de las redes demaniales se han hecho efectivos. El regidor municipal recuerdó a este periódico que los únicos ayuntamientos que se opusieron a la subida de tasas fueron Higuera de la Sierra y Lucena, ya que el resto de líderes locales se aplicaron la disciplina de partido y refrendaron el acuerdo suscrito por los líderes provinciales de PSOE, PP, IU y PA; avalando así el incremento de precios.

El edil lucereño se muestró contundente al afirmar que MAS "está expoliando a los ciudadanos y descapitalizando a la propia Giahsa", repartiendo anualmente más de "tres millones de euros que van directamente a los partidos y cargos políticos que integran el organigrama de gestión del ente supramunicipal". En consecuencia, el regidor municipal ve como mejor opción privatizar el servicio y lograr reducir las tarifas a los ciudadanos o, en el peor de los casos, que los fondos del uso demanial de las redes repercutan en proyectos para el municipio.

Es más, Lucena puede presumir hoy por hoy de que su Ayuntamiento es una de las instituciones de la provincia con mayor solvencia económica, por lo que la operación no se fragua por la necesidad de inyectar liquidez a las arcas públicas. De hecho, Mora resaltó que la decisión obedece a factores de interés público de los propios abonados, ya que "podremos bajar las tarifas sin hipotecarnos".

Precisamente este será uno de los ejes del pliego de condiciones que ya está redactando el equipo de Gobierno y que, como novedad con respecto a las privatizaciones que han venido llevando a cabo otras localidades vecinas, tendrá un periodo de vigencia máxima de diez años, en los que el municipio podría percibir más de 800.000 euros.

Lucena fue uno de los municipios más reticentes a adherirse a MAS, ya que en un primer momento el alcalde defendió la continuidad de la Mancomunidad de Aguas del Condado, por lo que cuando dejó de operar este organismo se optó por firmar un convenio de emergencia con Giahsa por seis meses. Tras este periodo de prueba y empujado por la necesidad de prestar servicios, se adhirió a la entidad pública; aventura que ha durado un par de años más.

En cualquier caso, el Ayuntamiento no iniciará una guerra judicial en materia laboral, explicando que no existe objeción alguna a que los cuatro trabajadores adscritos al servicio sean subrogados al Ayuntamiento.

La desbandada de municipios y la pérdida de viabilidad económica es tan sólo dos de los principales quebraderos de cabeza que acechan a MAS. El tercero y del que pende prácticamente la viabilidad del proyecto es que el juzgado falle a su favor en el litigio que mantiene con los ayuntamientos que se negaron a abandonar la Mancomunidad de Aguas del Condado (Lucena, La Palma del Condado y Bollullos.

Durante la constitución de MAS y dado que la fusión entre Giahsa y Aguas del Condado era legalmente inviable por la propia naturaleza del ente supramunicipal, los promotores del proyecto optaron por liquidar la entidad Condal, algo que, según Manuel Mora, no se puede llevar a efectos mientras que más de un Ayuntamiento optase por continuar con la actividad.

En cualquier caso, el edil entiende que, aun cuando la operación se ajustase a derecho, habrá que liquidar los activos económicos de aquella mancomunidad, "cosa que no se ha producido". El conflicto de intereses está servido pues el Ayuntamiento de La Palma del Condado pretende hacer valer el artículo 19 de los estatutos de Aguas del Condado, donde se recoge que llegada la hora de disolverse la entidad las infraestructuras de potabilización del agua pasaran a manos del municipio donde se encuentre la misma, en este caso La Palma.