Giahsa recibe un balón de oxígeno del Pleno municipal de Aracena. La empresa pública del agua tendrá un plazo de un año para satisfacer las demandas del Ayuntamiento serrano, que pasan por una ligera bajada de las tarifas, la mejora total del servicio y el pago puntual del canon del agua, entre otros puntos. De esta forma se evita la salida de Aracena de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) y el cambio en la gestión del agua en el municipio, que el PP reclamaba que fuera inmediato.

El último Pleno de 2012, en el que comenzó su andadura de concejal Salvador Mateos por Izquierda Unida, traía como punto fuerte el debate sobre la pertenencia del Ayuntamiento a Giahsa.

El PP presentó una moción para salirse de Giahsa, como ya han hecho Valverde o Cortegana. El portavoz popular, Íñigo Amián, planteó que "la idea inicial era buena [por la creación de MAS], pero la realidad de Giahsa en Aracena ahora mismo es desastrosa".

En ese sentido Amián señaló las tarifas como el gran problema para el ciudadano y expuso ejemplos de gestión de la empresa Aguas de Huelva en la capital y de Aqualia en Valverde. Incluso calculó cuánto costaría crear una empresa municipal del agua.

Ahí el alcalde, Manuel Guerra, fue tajante: "En estos meses -dijo- he mantenido con Giahsa una actitud crítica y he exigido medidas que ya están en marcha; y si fuera necesario tomar medidas, no me temblará el pulso, aunque siempre con responsabilidad".

Contra el discurso del PP, el regidor señaló que "el 80% de los recibos de Giahsa en Aracena están por debajo de los 35 euros, y la salida de la misma costaría 3,8 millones de euros", una cantidad que el Consistorio cebollero "ahora mismo no se puede permitir". Y puso, además, ejemplos de facturas en las condiciones actuales, que tendrían un coste mayor para una familia de cuatro miembros, en caso de mantenerse una gestión municipal, que ahora con Giahsa.

Nuria Bonilla, portavoz de Izquierda Unida, opinó que "ante una posible salida, hay que tener las espaldas bien cubiertas". Y destacó que muchas familias cebolleras no hacen uso de las bonificaciones existentes -para desempleados y pensionistas, entre otras- ni han actualizado el número de personas empadronadas en sus casas, lo que también posibilita algún descuento en la factura.

Los portavoces y el alcalde sí coincidieron en señalar que se había llegado a un punto de inflexión. Todos los grupos avalaban la gestión pública del agua en Aracena, bajo un principio de solidaridad y eficiencia. Aunque el concepto de lo público defendido por el PP fue criticado por Manuel Guerra, ya que "en otras localidades, el PP está privatizando el agua y no me creo que aquí, en el caso de ser necesario, fuera una empresa municipal la que llevara la gestión del agua".

Al final fueron precisamente los votos de PSOE e IU, frente al voto contrario del PP, los que sacaron adelante el plazo de un año dado a Giahsa para que cumpla una serie de requisitos recogidos en la moción presentada por el equipo de gobierno con el aval de Izquierda Unida. Entre otras, no subir las tarifas según IPC para 2013 (más bien plantear una ligera bajada en las facturas), revisar los costes de funcionamiento y gestión y exigir el pago puntual del canon del agua. Todos estos puntos se seguirán de forma exhaustiva a lo largo del año por la propia Corporación.

El Pleno tuvo a bien aprobar por unanimidad otros tres asuntos importantes. El primero, mantener el centro de exámenes para la obtención de permisos de conducir en Aracena. En la provincia sólo hay dos, en la capital y en Aracena, que acoge toda la zona norte. Además, el servicio es rentable económicamente y el único gasto es el desplazamiento cada viernes de los examinadores porque las instalaciones las paga el consistorio local. Guerra ya se ha reunido con responsables provinciales de Tráfico y el 11 de diciembre lo hará con los estatales en Madrid.

Por otro lado, se aprobó el apoyo, también dentro de las competencias del Ayuntamiento, a las familias afectadas por la posible supresión de las ayudas para las viviendas de protección oficial tras la creación de una plataforma el pasado lunes. Salvador Mateos, en su única intervención y presente en la creación de la plataforma, pidió a la alcaldía que se le "den y faciliten las cosas pedidas por este colectivo como uso de fotocopiadora, llamadas de teléfono, entre otras".

Y por último, se aprobó la defensa a ultranza del sector del ibérico y, sobre todo, solicitar la anulación del borrador de la actual norma de calidad, presentado por el ministro Arias Cañete, y que ha contado con numerosas alegaciones desde la comarca serrana, especialmente por la DO Jamón de Huelva.

El Grupo Popular, en estos tres últimos temas, pese a ser aspectos llevados a cabo por el Gobierno y su partido, priorizó el interés local y dio su apoyo total a todos ellos, como también lo hicieron en el último Pleno acerca de la defensa del partido judicial de Aracena.