El Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupa Antonio Vercher, ha encargado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) una investigación pormenorizada de las captaciones de agua, balsas y pozos subterráneos existentes en el Espacio Natural de Doñana.

El Instituto Armado ha comenzado ya sus trabajos de inspección y control por la zona de Moguer (Las Madres). En este área también trabaja ya la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva.

En meses sucesivos, el Seprona ampliará sus pesquisas hasta la provincia de Sevilla pasando por la mayor parte de municipios del Condado de Huelva para aclarar el número de pozos y explotaciones que se surten por este método en la zona, así como el origen del agua que usan para riego y comprobar si la Administración, Confederación Hidrográfica y Junta de Andalucía, tienen conocimiento (o no) de las captaciones existentes así como de su legalidad, tramitación de permisos y autorizaciones y consolidación de regadíos.

Es la primera vez que la Fiscalía General del Estado (Medio Ambiente) encarga en Doñana un trabajo de estas características y toma cartas ante lo que las organizaciones ecologistas han dado en llamar el 'robo de agua' que amenaza con desecar el acuífero 27 que nutre la Reserva de la Biosfera.

El asunto también está en manos de la Unión Europea y la Unesco, donde WWF y Ecologistas en Acción hace años que dieron la voz de alarma.

La reacción de la Fiscalía llega después de que el periodo de gracia otorgado por parte de la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para adaptarse a las sucesivas normativas se haya dilatado en el tiempo desde 2003 hasta hoy, fecha en la que sigue sin aclararse siquiera el plan de reordenación de regadíos, Corona Norte o plan de la fresa, según se mire, y el número de hectáreas que se controlan administrativamente y que dependen en su mayor parte de las extracciones de aguas del acuífero 27. Una arteria subterránea que ha llegado a bajar en algunas zonas hasta veinte metros a causa de los excesos agrícolas y turísticos.

Las pesquisas también incluyen fincas a las que sí llega el agua superficial y sin embargo pueden estar utilizando para su abastecimiento los antiguos pozos del Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) que fueron abiertos en los años 60 y 70 para convertir la zona en una especie de plan Badajoz.

Hay casos en los que se ha detectado el uso de motores de gasoil para extracción de agua (sin contador) para evitar los controles sobre el consumo del líquido elemento y su consiguiente pago y facturación.

El último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que alertaba de que el acuífero 27 ya no se recuperaba ni en época de lluvias parece marcar un antes y un después en las extracciones de agua en el entorno de Doñana. Un toque de atención que fue amplificado por la petición de la Policía de Aguas de la CHG de que se clausuraran las captaciones ilegales de forma inmediata.

El documento se filtró el pasado mes de mayo y en él se advertían los graves daños que las extracciones ilegales e indocumentadas causan a la Reserva de la Biosfera.

El informe Piezometría de la masa de agua subterránea redactado con datos aportados por el Servicio Geológico de Obras Públicas, el Instituto para la Reforma Agraria (IARA), el Instituto Geológico y Minero (IGME) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir culpa de la alarmante situación del acuífero al exceso de extracciones de agua tanto para regadíos como abastecimiento "que se superan en ciertos lugares por encima de lo deseable", apunta.

Las zonas marcadas en rojo por la Confederación y que ya están siendo revisadas por la Guardia Civil incluyen los sectores del IARA e Iryda donde se riegan superficies por encima de los derechos de aguas privadas, y 195 puntos de control del Espacio de Doñana y su entorno, donde se calcula que existen más de un millar de pozos catalogados como ilegales o, según el argot agrícola, regadíos no consolidados. También se incluyen en los controles a realizar las zona de los arrozales de Los Hatos y otros puntos ubicados en la provincia de Sevilla.

En esta parte del entorno de Doñana se incluyen grandes masas de arrozales que según puso de manifiesto el informe de Confederación están conformadas por áreas que fueron excluidas en la resolución de los expedientes de aguas privadas y que han dado lugar a continuados descensos en los niveles piezométricos.

Otra de las zonas más preocupantes es la de Matalagrana (Almonte), cerca del Arroyo de la Rocina, donde la Comisaría de Aguas del Guadalquivir ha observado riegos sin ningún tipo de licencias.

La zona fue desechada por el IARA pero parte de su superficie ha sido transformada por particulares "sin haber obtenido los derechos correspondientes", apuntó la Confederación.

Los trabajos de investigación que ha puesto en marcha la Guardia Civil son similares a los empleados en el Parque de las Tablas de Daimiel (nacimiento del Guadiana) para evitar la desecación de sus humedales.