-¿Qué valoración realiza de su primer año al frente de la Alcaldía?

-La realidad que estamos viviendo en nuestro país no presenta un panorama muy halagüeño, y quienes más se resienten son los ayuntamientos, que tenemos la responsabilidad de prestar servicios inmediatos y de cercanía a la población. A esto hay que añadir la grave situación de endeudamiento que sufre el Moguer por la herencia de la etapa anterior. No obstante podemos sentirnos satisfechos de haber tenido la capacidad de seguir haciendo frente al pago de nóminas y mantener un buen nivel de servicios a la ciudadanía. Por tanto, la valoración sobre este primer año es muy positiva considerando las muchas dificultades que vamos encontrando.

-¿Cómo son las relaciones con sus socios de gobierno (Avema)?

-Inmejorables. Desde el primer momento la coincidencia en objetivos han sido máximos. Ambos entendimos que el estado de abandono que ha sufrido Mazagón en los últimos años era algo inconcebible. Tanto Francisco Martínez como María José Rodríguez conocen perfectamente la situación del Ayuntamiento y, al igual que el resto de concejales, somos conscientes de la dificultad con la que nos enfrentamos. No obstante, se está actuando en Mazagón en la misma medida que en Moguer, pese a la escasez de recursos existentes.

-¿Qué opina del plan de ajuste promovido por el Gobierno?

- Considero que es un intervencionismo del Estado que limita en gran medida las posibilidades de maniobrabilidad de los ayuntamientos y que obliga a repercutir ese gasto en la reducción de costes de personal y en la merma de servicios a la población. La medida estatal responde a unos criterios herméticos que no hace distinción entre las distintas situaciones de los consistorios, en concreto con aquéllos que ya hemos emprendido otras actuaciones para hacer frente a las deudas con proveedores como son los créditos ICO o el propio plan de saneamiento de 2009. Si bien las pymes podrán liquidar deudas pendientes, la población en general y los trabajadores de los ayuntamientos en particular podrán ver seriamente dañados sus intereses. Por tanto, esta medida no resulta justa ni equitativa para el conjunto de la población.

-¿Qué incidencia tendrá el plan?

-Reducción paulatina del Capítulo de Personal, entre el 5 y 10%, hasta dejarlo en el 2022 en un peso que rondará el 45% de los ingreso. A día de hoy está en el 65% y cuando llegamos al gobierno en 2008 estaba en el 90%, algo no ya insostenible sino aberrante. En segundo lugar afrontamos la revisión anual de tasas e impuesto conforme al IPC; reducción gastos corrientes entre el 5 y el 15%; optimización políticas recaudatorias y gestiones financieras oportunas que nos permitirá en 10 años pasar de una tesorería deficitaria en 8.500.000 euros a una positiva en torno a 900.000 euros.

-¿Cómo afectará al municipio?

-Partimos de una herencia en forma de deuda de 24 millones de euros que nos dejó el PP. Gracias a los abonos que hemos realizado recientemente a los proveedores, el nuevo préstamo no alcanza cotas tan alarmantes. Sin embargo, nuestra situación de partida es tan deficitaria que cualquier aumento de deuda supone un gran lastre que habrá que repercutir en las únicas posibilidades del presupuesto: costes de personal, reducción de servicios y, tal como indica esta nueva norma del gobierno del PP, aumento en los impuestos y tasas de los servicios. A pesar de todo, pretendemos que afecte lo mínimo, tanto al personal como a los servicios a la población.

-¿En qué situación económico-financiera se encuentra la institución local?

-Nos encontramos en una situación dura. La herencia del gobierno anterior, con una deuda de 24 millones de euros, el pago de nóminas y servicios, así como el plan de ajuste y unos ingresos muy por debajo de las necesidades. Obviamente, la situación tal como se venía manteniendo en los últimos años sólo podría abocar a la ruina absoluta. Por lo pronto, en estos 10 meses de gobierno, hemos conseguido frenar el endeudamiento, hacer frente a pagos y ejecutar actuaciones de mejora y servicios sin que se vean afectados por la situación. El nuevo plan de ajuste sólo conseguirá agravar la situación. No obstante, estamos estudiando la manera para que las consecuencias sean las mínimas. La mesa de negociación con los sindicatos se encuentra completamente implicada en la aplicación del plan de ajuste en lo que a personal se refiere, algo que no ocurría durante la legislatura anterior, y se está trabajando para que las reducciones que haya que aplicar ocasionen el menor perjuicio. Por otro lado, el equipo de Gobierno está poniendo todo su esfuerzo para conseguir sacar adelante el mayor número de proyectos y mejoras gracias a las subvenciones y apoyo de las instituciones provincial y autonómica.

-¿Considera que se debería de inhabilitar o castigar económicamente a los alcaldes que se excedan del presupuesto o acometan gastos sin consignación presupuestaria?

-Efectivamente, a la luz de ciertos excesos cometidos en la legislatura anterior parece lógico articular mecanismos de control para evitar los desmanes de los que hemos sido testigos y que no han repercutido en responsabilidades personales. Estoy seguro que muchos ciudadanos pensarán que esta norma debería tener carácter retroactivo, puesto que la situación actual es fruto de ello.

-Usted ha sido muy crítico con la intención de Aqualia de incrementar las tarifas, ¿está en disposición de garantizar que Giahsa ofrecerá precios más bajos?

-Sólo Giahsa está en disposición de garantizar eso. De una cosa estoy seguro, y es que la calidad de los servicios prestados en Moguer cuando la gestión estaba en manos públicas era notablemente mejor que en la actualidad. Son muchas las quejas en la facturación y la calidad de los servicios que se prestan. Mientras tanto, Aqualia exige al Ayuntamiento el pago de las pérdidas que dicen tener, alrededor de 700.000 euros, en las que se incluye la amortización de capital e intereses sobre los 6 millones de euros que Aqualia abonó al Ayuntamiento por la concesión del servicio y que quedó recogido en el contrato de suministro firmado por el anterior alcalde del PP.

-¿Qué planes tiene usted para los terrenos de la Cuesta de la Barca, cuya venta ha sido anulada por el juzgado?

-El desarrollo de este terreno se encuentra regulado en el plan parcial donde se deja claro los fines a los que debe destinarse. La notificación de resolución judicial definitiva declarando que el procedimiento que acometió el anterior alcalde del PP constituía fraude de ley es muy reciente, por lo que no se ha cerrado aún la fórmula más adecuada de uso. Tanto Avema como el PSOE tenemos claro que se destinará a fines turísticos que garanticen la sostenibilidad ambiental, acogiéndose a procedimientos transparentes y legales.

-Con la llegada de la temporada turística los mazagoneros critican el abandono que sufren por parte de las administraciones. ¿Qué inversiones ha acometido desde su llegada a la Alcaldía?

-No sólo la población de Mazagón, sino cualquier persona con un mínimo de capacidad de observación habría concluido lo mismo: el abandono que ha sufrido Mazagón en los últimos años bajo el gobierno local del PP. Entre los objetivos del PSOE, coincidiendo con los planteamientos de Avema, se encuentra la gestión igualitaria para todos los barrios y núcleos de Moguer y Mazagón.