Los cooperativistas denuncian a la Junta por apropiación indebida

Los cooperativistas del Plan Almonte-Marismas acogidos a la retirada de la tierras de cultivo presentan mañana en el juzgado de instrucción una denuncia por apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La denuncia llega después que el colectivo haya reclamado a la Junta de Andalucía 11,71 millones de euros, cantidad resultante de la diferencia de los 13,81 millones que, según representantes de la Administración andaluza y la Diputación Provincial de Huelva, los cooperativistas habrían recibido en concepto de forestación, y los 2,1 millones que éstos dicen haber percibido.

El escrito indica que durante el debate de un Pleno de la Diputación de Huelva, la responsable del Grupo Socialista del Área de Desarrollo Local, Medio Ambiente y Agricultura, Esperanza Cortés Cerezo, se refirió al derecho de los cooperativistas e individuales del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) a una ayuda en concepto de reforestación por un importe de 13.819.349 euros, lo mismo que manifestó en el Parlamento andaluz la representante socialista Lourdes Martín Palanco durante las votaciones de dos proposiciones no de ley.

El colectivo asegura que por la reforestación llevada a cabo en 833,29 hectáreas, abonada en el año 2000 y más la reposición de marras, abonadas durante los cinco años siguientes a la forestación, recibió un total de 2.103.115 euros.

Los cooperativistas entienden que de las intervenciones de las dos representantes socialistas, la Junta de Andalucía, bien la Delegación Provincial de Huelva, bien la Consejería de Agricultura se "ha apropiado indebidamente de la diferencia de dicho importe que pública y reiteradamente ha manifestado tanto en el Parlamento andaluz como en la Diputación Provincial, esto es un importe de 11,716.233 euros", en concepto de reforestación.

Los agricultores reiteran en la denuncia que "en modo alguno ha abonado la Junta de Andalucía" los 13,8 millones y que solo han recibido 2,1 millones, de ahí que pregunten "¿qué ha pasado con los restantes 11,7 millones y quién se los ha quedado?". Es más se preguntan si "se lo han apropiado los distintos delegados provinciales o consejeros de agricultura desde el año 2000", ya que por el momento ningún representante público del PSOE ha dado explicaciones al respecto.

Los cooperativistas consideran que deben practicarse diligencias para comprobar quién y cómo se ha quedado con el dinero y señalan a cinco responsables socialistas. Además acreditan la documentación sobre las cantidades "realmente" abonadas por la Delegación provincial de Agricultura de Huelva al colectivo acogido a la retirada de tierras de cultivos durante al menos 20 años.

Los agricultores de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas vienen denunciando agravios comparativos respecto a los colonos de optaron por la continuidad y exigen una compensación y unas condiciones similares.

La comisión de representantes de sociedades cooperativas, que preside Juan Gamero Egea, sostiene que con las mismas circunstancias tampoco habrían abandonado los cultivos y denuncia el incumplimiento por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de los acuerdos pactados y firmados en junio de 1997 entre la Administración y los concesionarios de las tierras. Incluso denuncian pelotazos especulativos permitidos a los colonos.