La empresa Aqualia ha reconocido que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas "ha llegado al fin de su vida útil". La contundente sentencia se produce sin matices ni eufemismo y tras un duro informe de Giahsa que ha salido a la luz pública en el cual se revelan todas y cada una de las deficiencias técnicas en el tratamiento de detritus de la planta que gestiona la empresa privada.

Fuentes de Aqualia han matizado en un documento enviado a Huelva Información que gracias a "la profesionalidad y al importante volumen de recursos técnicos, humanos y económicos invertidos" se ha evitado "el total colapso de la planta" costera, con el daño medioambiental y económico que ello llevaría implícito para "Matalascañas, el entorno de Doñana y Almonte".

La entidad enumera una lista de informes técnicos y proyectos en los que se escenifica y alerta sobre estado de deterioro en que se encuentran las instalaciones, una documentación que se ha remitido sin distinción a "todas las administraciones públicas competentes, tanto andaluzas como nacionales" .

La primera vez que Aqualia advierte sobre el estado de la EDAR es en marzo de 2006, en un Estudio de alternativas, selección de propuestas y definición de las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora. Este primer estudio ya proponía la demolición parcial de las instalaciones existentes debido a su antigüedad y la construcción de una nueva EDAR en la parcela que ocupa la actual, con mayor capacidad de tratamiento.

Los informes y advertencias documentadas se sucedieron luego en los años 2008, 2009 y 2010. El último aviso llegó el pasado mes de diciembre bajo la denominación Anteproyecto, actuaciones urgentes necesarias en la EDAR de Matalascañas.

A pesar de los avisos, ni el Gobierno central ni la Junta han agilizado la construcción de una nueva depuradora a pesar de que las mediciones del SAS en la playa ya presagiaban problemas en la temporada estival.

Estas deficiencias en el proceso de depuración se corresponden, según los técnicos, con el que padecería cualquier infraestructura hídrica que dispusiese de un decantador con una antigüedad de más de cincuenta años y el de unas instalaciones anexas que superan el cuarto de siglo. Para más inri, la ubicación de la depuradora, en primera línea de costa, ha contribuido de forma decisiva a acelerar su deterioro como consecuencia del agua salina.

Aqualia mantiene que le consta que las distintas corporaciones han "gestionando" con las administraciones vías de financiación en pos de afrontar las obras que solventen las "ineludibles" deficiencias existentes en la planta depuradora. Precisamente y ante esta grave situación, en la que la falta de fondos públicos compromete la preservación no sólo del entorno medioambiental del municipio, sino también de la temporada de playa y la sostenibilidad del tejido económico local, la empresa hídrica se ha ofrecido a destinar cuatro millones de euros para acometer con carácter de urgencia la construcción del nuevo decantador, lo que solucionaría en gran medida los problemas actuales.

En este sentido y mediante un comunicado, la empresa ha reiterado "su total disposición" a buscar soluciones técnicas en aras de preservar el medioambiente, la economía local y la calidad del servicio prestado.

A nivel político, la decisión de IU de vetar a la entidad privada para que prosiga operando en Matalascañas y El Rocío una vez finiquitada la concesión administrativa trastoca los planes del equipo de Gobierno de Almonte, que pretendía llevar a Pleno una moción para ampliar la concesión administrativa por diez años más.

Una operación en la que la entidad municipal se embolsaría 10 millones de euros (1 millón por cada ejercicio) y, quizás lo más importante, mediante la cual Aqualia se comprometía a adelantar un mínimo de cuatro millones que se invertirían de forma inmediata en la planta.

La empresa no ha cuestionado el controvertido informe emitido por Giahsa donde se revelan y enumeran pormenorizadamente todas las deficiencias de la planta de tratamiento de la playa.

Este informe fue solicitado a instancias de Izquierda Unida y como medio de cotejar el estado de la EDAR con los respectivos estudios realizados por los técnicos municipales y la propia Aqualia.

A la luz de este informe, el secretario de organización de IU y vicepresidente de MAS, Francisco Javier Camacho, abogó por la construcción de una nueva depuradora en las afueras del núcleo costero cuya inversión, según las estimaciones del propio Ministerio de Medio Ambiente, ascenderían a 15 millones de euros.

No obstante, la EDAR de Almonte y Bollullos sigue sin estar operativa, precisamente por la falta de recursos económicos de la que adolece la Junta, quien siempre ha achacado los sempiternos retrasos a problemas de índole "técnicos".

En este contexto económico, el proyecto se ve como una quimera a corto plazo, de ahí que el equipo de Gobierno quiera invertir en la planta antes de la llegada estival y como medida profiláctica para evitar un problema medioambiental de funestas consecuencias económicas.

El portavoz socialista, José Villa, se reservó su opinión al respecto y anunció la convocatoria de una rueda de prensa en la que se comprometió a desvelar su postura al respecto y dar a conocer si apoyarán o se opondrán a la propuesta de renovar la concesión administrativa con Aqualia.