El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte, Daniel Martínez, anunció ayer que la federación vetará la continuidad de Aqualia como empresa concesionaria de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Matalascañas y que también extiende su área de trabajo a la aldea de El Rocío. La coalición propone que la empresa pública Giahsa se haga cargo de la gestión del ciclo integral del agua en la playa y en la aldea rociera (como hace MAS en Almonte) e insta a los grupos políticos municipales de PP y PSOE a respetar y cumplir el acuerdo provincial firmado por los máximos representantes de sus formaciones para que Giahsa y la Mancomunidad de Servicios centralicen los trabajos.

La decisión de IU se antoja clave pues el PP gobierna en minoría con 9 concejales por los 10 que consiguió el PSOE en las pasadas elecciones municipales.

Daniel Martínez, que estuvo acompañado en su comparecencia de ayer en Huelva por el secretario de Organización y vicepresidente de MAS, Francisco Javier Camacho, exigió a Aqualia que invierta antes del verano "tres millones de euros en la EDAR de Matalascañas, debido a su alto deterioro porque de lo contrario puede poner en riesgo uno de los pilares de la economía almonteña, el turismo".

El Ayuntamiento de Almonte fue de los primeros en la provincia, según IU, que privatizó la prestación de los servicios de abastecimiento y control del ciclo integral del agua. Lo hizo el equipo de Gobierno del PSOE en 1992 a través de la empresa Prosein, que se adjudicó ese trabajo en Matalascañas y El Rocío. IU recuerda que se negó en rotundo. En 2000 se prorroga el contrato y aparece Aqualia, que en febrero de 2013 acaba su concesión.

IU quiere ahora que se aproveche esa fecha para poner fin a la etapa de Aqualia debido a la "situación deplorable a la que ha llevado a la depuradora de Matalascañas".

Camacho denunció, como portavoz ocasional de MAS, "la actitud de empresas como Aqualia, que crean el problema con una mala práctica empresarial y luego vienen a convertirse en solución. Eso no puede ser después de veinte años de malas prácticas".

IU cree que el PP quiere renovarle el contrato a Aqualia y no se fía del PSOE, partido que ha estado colaborando en una situación que ha llegado a suponer "un peligro real para Almonte", según Daniel Martínez.

Francisco Javier Camacho reconoció que la empresa "está dispuesta a pagar la inversión de tres millones, que sería de emergencia, a condición de que le sea prorrogado el contrato". Para IU, la solución ideal para evitar más problemas es ubicar una nueva depuradora a las afueras del núcleo costero que ha sido valorada por el Ministerio de Medio Ambiente en 15 millones de euros.