No son okupas y ni tan siquiera su perfil se ajusta a aquellos inquilinos que toman por la fuerza un inmueble que no les pertenece. Para los cerca de medio centenar de ciudadanos almonteños que han tomado parte de las 164 casas de protección oficial (VPO) que se levantan en la segunda fase de la denominada Residencial Las Marismas es un SOS (señal de socorro) para reclamar y hacer uso de los mismos inmuebles que habrían de pertenecerles desde finales de año 2008, fecha en que la constructora Dolmen tendría que haberles hecho entrega de las llaves de sus hogares.

Esta medida espontánea tiene como fin un doble objetivo: de un lado, comenzar a hacer uso de un bien por el que pagaron en tiempo y forma; del otro, lograr que verdaderos okupas no asalten y se atrincheren en unas viviendas por las que han pagado ya más de 20.000 euros, de los 84.000 en los que se cifraba su venta total.

Los propietarios se han coordinado para evitar que los okupas asalten con total impunidad los inmuebles y hagan uso de un bien que les pertenece por derecho propio.

Sin embargo, Isabel María Pino, una de las portavoces de los propietarios, sostiene que "parece ser que al menos cinco okupas habrían accedido a algunas viviendas desde la parte posterior de la urbanización. Hemos denunciado los hechos a la Guardia Civil y nos han comunicado que vendrán los antidisturbios y pedirán los contratos, desalojando a aquellos que no acrediten que adquirieron su inmueble a Dolmen".

El pasado martes ya se produjeron picos de tensión cuando algunos okupas trataron de aprovecharse de esta medida excepcional de protesta para iniciar el asalto de forma fraudulenta a algunos inmuebles. Ante esta situación, los legítimos propietarios han coordinado un horario de guardia para mantener el control en la zona y evitar que personas sin contrato de compra accedan al interior de los edificios.

Esta vigilancia no se interrumpió ni de madrugada, para lo cual parte de los jóvenes pasaron la noche al calor de una improvisada hoguera en la zona que en un futuro conformará la calle principal del Residencial.

La decisión de los propietarios de tomar sus inmuebles surgió de forma espontánea. Cansada de "promesas incumplidas" e "indignada" de las vacuas promesas de "la constructora y la Caixa", jóvenes como Isabel María Pino optaron por la medida de protesta. Su valiente y arriesgada decisión se extendió como la pólvora, sumando a su causa a la mayor parte de afectados por los retrasos y en previsión de que otros ilegítimamente ocuparan sus viviendas.

Desde que en la noche del lunes tomara esta decisión, un continuo goteo de propietarios se acercó a repetir su modelo de protesta y ayer eran más de medio centenar el número de inquilinos que poblaban con sus contratos en la mano las VPO.

De momento, la consigna es clara: permanecer en sus propiedades a la par que reclamar que finalicen las obras mientras hacen uso de lo que legítimamente les pertenece.

El calvario de estos vecinos almonteños se inició cuando la constructora Dolmen se declaró en suspensión de pagos y la entidad de crédito asumió la finalización de las obras para desembarazarse de los inmuebles y descargar parte de su inversión en el ladrillo. Desde entonces la fecha de entrega del 2008 se fue demorando eternamente con "promesas incumplidas", según sostiene la portavoz de los afectados.

Al objeto de desbloquear el conflicto se han mantenido dos reuniones, que a la luz de los hechos se han demostrado estériles. En la última de ellas se les prometió a los compradores que las obras finalizarían en agosto del 2011. Restaba entonces rematar algunas viviendas, así como todo lo que comprende la urbanización y asfaltado de las calles, trabajos indispensables para lograr la pertinente cédula de habitabilidad y rematar el contrato de compra-venta frente al notario, obteniendo así las ansiadas escrituras.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Almonte se ha mostrado dispuesto a mediar en el conflicto, para lo cual ha encargando un informe económico exprés (se pretende tenerlo listo en 48 horas) donde se defina el coste de la urbanización y el arreglo de los desperfectos que afectan a gran parte de las viviendas. En un primer momento y según fuentes municipales la constructora presupuestó por esta labor 400.000 euros a la entidad de crédito, quien supuestamente desconfiaba de esta petición con la que entendían que podía servirles para hacer caja y enjugar antiguas deudas.