El presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez, se desplazará próximamente a El Rompido, en compañía de un psiquiatra y un logopeda, al objeto de ofrecer "todo el apoyo legal que desde la fundación podamos prestar en cualquier instancia, incluidos los tribunales ordinarios de justicia" a Rafael Vázquez, el joven al que el Instituto Social de la Marina (ISM) ha calificado como "no apto" por su tartamudez para serle otorgada la licencia de embarque necesaria para trabajar como marinero pescador a bordo de una embarcación de pesca de bajura.

Así de contundente se mostró Sánchez tras conocer la denegación del recurso que por la vía administrativa presentó a principios de verano Vázquez contra la decisión adoptada previamente por el ISM y contra la que se abre ahora un periodo de dos meses para hacerlo por la vía Contencioso Administrativa, según la resolución recibida esta misma semana por el afectado.

El presidente de dicha organización confirmó que la fundación "está dispuesta a llegar hasta el final en defensa de los derechos de una persona que tartamudea". Un asunto que según prosigue "está ganado de antemano porque en España hay una Orden Ministerial de 25 de noviembre de 2005 en la que el Consejo de Ministros acordó anular la tartamudez como causa de exclusión para acceder a un empleo".

Una Orden que, según Sánchez, "desconocía" el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, según éste le manifestó en una conversación mantenida este verano entre ambos en referencia a este asunto.

El motivo de la visita a la provincia de Huelva de los representantes de la Fundación Española de la Tartamudez, que tiene su sede en Barcelona y que cuenta con delegaciones en Madrid y Valencia, "no es otro que demostrar la ilegalidad que supone excluir laboralmente a una persona por su tartamudez".

Sánchez matizó que "es curioso observar cómo en la resolución que desestima el recurso de Vázquez, el ISM ya no sólo alude a la disfemia para declararlo "no apto", sino que también se refiere a otros motivos porque saben que la tartamudez no es motivo de exclusión laboral en nuestro país". Todas estas consideraciones suponen para Sánchez una "injusticia" contra el afectado Rafael Vázquez.

A la oferta de empleo que en favor de Vázquez mantiene el armador de El Rompido José María Burgos y que ha originado que el asunto haya salido a la luz pública, se suma a la realizada por otro armador natural de El Rompido, Antonio Carro, que además preside la Asociación de Armadores de Lepe. Y es que Carro está dispuesto a incluir a Rafael Vázquez entre los nueve tripulantes con que cuenta su embarcación pesquera de bajura "ya que conozco a Rafael y "su tartamudez no es motivo suficiente para negarle la licencia de embarque ni le impide desarrollar su trabajo con normalidad. Para Carro "existen métodos alternativos para dar la voz de alarma en un barco y, aunque parezca una tontería, con un simple silbato podría hacerlo perfectamente".

El presidente de los armadores de Lepe opina que hay argumentos suficientes para que se le otorgue la licencia de embarque a Rafael, sobre todo teniendo en cuenta que se dedicaría a la pesca de bajura, donde las embarcaciones no se distancian más de 10 millas de la Costa y salen y entran a diario a faenar. Además, tenemos que tener en cuenta que él no sería el encargado de dirigir el barco o de desarrollar algún otro puesto de responsabilidad a bordo del mismo. Para Carro "es lastimoso que desde las administraciones públicas se pongan trabas a una persona con el problema de Rafael a la hora de acceder a un puesto de trabajo".

El ISM alegó el "intenso grado de disfemia" (tartamudez) de Rafael Vázquez de 34 años de edad, y "la importancia de la comunicación verbal en la realización de las faenas de pesca", pese a que "los mensajes verbales deben ser cortos, simples y claros como ocurre en determinadas tareas en las que se utilizan palabras claves como 'para', 'adelante' o 'atrás", que según el ISM "requieren una compleja coordinación".