El consejero delegado de Refinería Balboa, Juan Sillero, exigió ayer al Ministerio de Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "ya" y añadió que si el proyecto industrial aún no es una realidad, tras ocho años, no es por un "problema técnico" sino por "falta de voluntad política".

"Entendemos que alguien ha decido que a Extremadura le cueste más trabajo hacer algunas cosas que al resto del Estado", aseveró Sillero, para lo que puso de ejemplo que algunos proyectos similares como una refinería en Cartagena o la ampliación de la de Huelva se han materializado antes que la extremeña, a pesar de haber comenzado sus trámites con posterioridad. Sillero aseguró que lo que Refinería Balboa necesita de la Junta de Extremadura no es tanto el dinero público que iba a invertir en el proyecto sino en el "acompañamiento como promotor" del mismo.

La iniciativa es "viable" técnica, económica y medioambientalmente, según defendió el director del proyecto, Edgar Rasquin, y, en caso de que la Junta no aportase el 20% inicialmente comprometido, este proyecto podría continuar, según indicó Sillero.

Además, prevé crear 3.000 puestos directos e indirectos en su fase de operación, además de puntas de más de 6.000 durante el periodo de construcción.

Juan Sillero explicó que desde el inicio del mismo, hasta "tres comunidades autónomas" han requerido que el proyecto vaya a esas regiones, aunque no ha querido adelantar cuáles son y señaló también en el que este proyecto generará 3.000 millones de euros de impuestos al año, de los que una parte "muy importante" serán para la región.

Por su parte, el director del proyecto de Refinería Balboa, Egdar Rasquin, se referió a dos informes recientes sobre este proyecto industrial, uno de la misión conjunta de la Unesco que inspeccionó el Parque Nacional de Doñana y otro informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Respecto al informe de la Unesco y su incidencia en Doñana, Rasquín aclaró que no es vinculante y que se ha realizado en base a datos no actualizados del proyecto, ya que la alternativa seleccionada para el trazado del oleoducto establece que el punto más cercano, por el que pasaría respecto al Parque Nacional de Doñana, está situado a 20 kilómetros, y sería la alternativa de menor afección ambiental.

Sobre el informe de la Junta andaluza, Rasquin subrayó que cuestiona aspectos de estudios e informes ya realizados y aportados por el grupo industrial.