CSI-F advierte que los ciudadanos serán los principales afectados por la reordenación del sector público, que conllevará "la pérdida de garantías" en el tratamiento de procedimientos administrativos. El sindicato apunta que la Agencia Andaluza del Agua ha comenzado el proceso de privatización para pasar a denominarse Agencia Pública Empresarial de Medioambiente y Agua y que el próximo 1 de enero empezará a funcionar tras la aprobación de sus estatutos, donde se contemplará la fusión de la Agencia del Agua con Egmasa, "éste es sólo el primer paso hacia la desaparición de la Función Pública con la consiguiente merma en las garantías de atención a los ciudadanos".

Manifiesta que a la provincia de Huelva han llegado las principales consecuencias de esta privatización, "con las nuevas reconversiones y la creación de empresas públicas, el personal externo enchufado por la Administración pasa a ejercer su trabajo en igualdad de condiciones que aquellos que ha aprobado las oposiciones o conseguido su puesto por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Subraya que la repercusión directa es el "deterioro en la atención al ciudadano que está perdiendo garantías en el tratamiento de procedimientos administrativos ya que funciones propias de los funcionarios ahora también las está desempeñando personal no cualificado que entró a dedo en las empresas públicas", lo que supondrá la "indefensión" del usuario.