En la actualidad, el 60% de los municipios de la provincia de Huelva dispone ya de un Plan de Accesibilidad o los tiene en trámite. Y, de hecho, la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social ha destinado 800.000 euros a los ayuntamientos que han solicitado ayudas para sufragar la elaboración de los planes o para la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por el momento, los municipios onubenses que tienen un Plan de Accesibilidad son San Juan del Puerto, Ayamonte, Chucena, Moguer, Punta Umbría, Bollullos, Bonares, Escacena, Hinojos, Lucena, Manzanilla, Niebla, Paterna, Rociana, Villalba del Alcor, Villarrasa, Zalamea y Almonte, mientras que otras 28 localidades están en trámite o en fase de estudio, como son Alájar, Aracena, Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Los Marines, Puerto del Moral, Valdelarco, Zufre, Linares de la Sierra, Encinasola, Gibraleón, Nerva, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro, Cortegana, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara, Villanueva de las Cruces, Aljaraque, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Huelva capital, que está realizando un estudio de barreras arquitectónicas.

La delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret, explicó ayer que la labor de esta oficina, que está atendida por tres profesionales, está destinada a informar sobre las ayudas existentes para la eliminación de barreras, instalación de ascensores o adquisición de viviendas; promueve la correcta aplicación de la normativa vigente sobre accesibilidad; y elabora planes de accesibilidad en los municipios más pequeños.

Además, los especialistas de la oficina también colaboran en tareas de formación, realizar un mapa de recursos y entornos accesibles, canalizar la oferta de viviendas adaptadas para personas con discapacidad e impulsar el reconocimiento de acciones de buenas prácticas en materia de eliminación de barreras. Lloret subrayó que el objetivo del Reglamento de Accesibilidad es "que se adapte el entorno a las personas y no a la inversa". Esta normativa introduce numerosas novedades, como son la creación de un Fondo para la Supresión de Barreras Arquitectónicas y el desarrollo del régimen sancionador en materia de accesibilidad.

Por último, la nueva norma recoge el deber de acompañar los proyectos arquitectónicos de planes de accesibilidad y de incorporar un ascensor si el edificio consta de dos plantas y más de seis viviendas o a partir de más de dos plantas, independientemente del número de viviendas.