Las balsas de fosfoyeso vuelven a generar polémica. En esta ocasión, entre los eurodiputados enviados por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para informar sobre la veracidad o no de las denuncias formuladas por diversos colectivos ecologistas y ciudadanos. En su primer día en Huelva los delegados expresaron posturas encontradas sobre los depósitos de las marismas del Rincón, no sobre la corrección o legalidad del método empleado, asunto de fondo de la visita que el grupo de diputados europeos está realizando a Huelva, sino acerca de la actuación de Fertiberia al impedir el acceso del grupo de europarlamentarios a las balsas acompañados por las organizaciones que han llevado los vertidos de fosfoyeso hasta la Unión Europea. Para unos, el incidente fue fruto de la manipulación por parte de los peticionarios; para otros, "no es inteligente" negar el acceso de los políticos europeos "a un lugar público", en referencia al carácter de dominio público de las marismas.

El problema surgía después de que los diputados hubiesen visitado la fábrica y las balsas acompañados de representantes de Fertiberia. A primeras horas de la tarde los europarlamentarios se encaminaban de nuevo a las balsas junto a los denunciantes, que habían solicitado esta visita para mostrar a los diputados aquellas zonas que, a su juicio, demostraban las denuncias formuladas por Greenpeace, la Asociación Mesa de la Ría, la Plataforma Mesa de la Ría y el Proyecto Inter/Sur. Pero allí se encontraban con un guarda de seguridad que les negaba el paso.

La presidenta de la delegación enviada, la francesa Pascale Gruny (del grupo del Partido Popular Europeo) criticó por este hecho la actuación de los peticionarios. Según explicó Gruny, la visita se producía a petición de estos y pero "siempre que fuera en lugares abiertos"; en cambio, los demandantes llevaron a la expedición a "una zona cerrada explícitamente, ya que había carteles que dejaban claro que no se podía acceder a la zona sin autorización previa", con la que no contaban. Por ello, aseguraba que se han sentido "manipulados y esto no nos ha gustado". Frente a ella, otra de las eurodiputadas (el informe será elaborado por tres personas), la danesa Margrete Auken -de Los Verdes- daba su punto de vista "individual", aseverando que "se nos ha negado el acceso a un lugar público y eso no es inteligente". Auken señaló que el objetivo de esta visita a las balsas era que alguien que no trabajase para la fábrica los acompañase, un experto o alguien independiente, porque "si no, estamos perdiendo el tiempo".

Entre otras cuestiones denunciadas, alguna de las organizaciones asevera que se estaban produciendo vertidos de lixiviados al río, algo sobre lo que Auken preguntó a la empresa "y me dijo que no es posible. Pero quería comprobarlo sobre el terreno". También se pronunció sobre la información recopilada en la reunión con la compañía la presidenta de la delegación, asegurando que habían obtenido respuestas "concretas" y mostrando un especial interés por los datos obtenidos de los sindicatos como representantes de los trabajadores, considerando compatible la conservación de puestos de trabajo en la industria con el medio ambiente. En algo más coincidían las diputadas, al destacar que "no estamos aquí para ser parciales, sino para preguntar y escuchar", en palabras de Auken.

Según las denuncias presentadas, los depósitos de fosfoyeso estarían vulnerando normativas europeas como la directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), la directiva de Residuos, la de Hábitat o la norma Euratom (que regula entre otras cuestiones las normas básicas en materia de seguridad y protección de la población frente a materiales radiactivos). Para determinar la veracidad de estas denuncias, además de la empresa y los trabajadores, la representación europea escuchaba ayer a un grupo de expertos independientes de la Universidad de Huelva, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o representantes del colectivo Altea (Asociación de Afectados por Exposiciones Ambientales). Hoy finalizarán su visita a Huelva con reuniones con el alcalde de la capital, Pedro Rodríguez; la presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero; y representantes de la Junta de Andalucía. Dentro de unos dos meses debería estar listo el informe de la delegación sobre la situación ambiental de Huelva y su entorno.