Tres secciones de la Audiencia Provincial, cinco juzgados de Instrucción, cuatro juzgados de lo Penal, uno de Violencia contra la Mujer, la Fiscalía, el Servicio de Atención a Víctimas (SAVA), el de Notificaciones y Embargos y el Decanato de los juzgados del partido judicial de Huelva. El Palacio de Justicia, un laberinto en el que trabajan más de 250 personas -entre funcionarios y operadores jurídicos- y por el que pasan a diario cientos de usuarios, letrados y procuradores, no dispone de plan de evacuación ni contraincendios: carece del preceptivo plan de prevención de riesgos laborales.

Las últimas revisiones del edificio realizadas por la Inspección de Trabajo, a raíz del traslado sorpresa del Penal 3 a la sexta planta, han venido a constatar la inexistencia no sólo del referido plan sino también la ausencia de un diagnóstico de los riesgos, lo que supone el incumplimiento de varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según subraya Trabajo en un informe -al que ha tenido acceso este diario- en el que requiere a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública la elaboración del documento.

El proyecto que ahora de forma oficial requiere la Inspección a la Administración andaluza es una reivindicación por la que llevan batallando en los últimos años (sin demasiado ruido de puertas para fuera) las organizaciones sindicales (UGT, CCOO, CSI-F, y USO), una lucha que de momento, afirman, no ha servido para nada por la falta de respuesta de Justicia.

La maquinaria comenzó a ponerse en marcha y, según los sindicatos, quedó bloqueada hace más de dos años, después de que cada organización designara a los delegados de prevención mientras que la Administración no dio los mismos pasos. Desde entonces hasta ahora, la Junta se ha mantenido callada, un silencio que indica que "no le preocupa" que los trabajadores no cuenten con las herramientas de prevención de riesgos, consideración en la que coinciden la totalidad de los sindicatos.

Desde CCOO se critica que la Inspección de Trabajo trate "de diferentes formas" a las empresas y a la Administración al detectar una infracción se limite a realizar un requerimiento para que elabore el plan. "Se trata de un grave incumplimiento de la ley", remarca UGT para subrayar que el personal padece especialmente riesgos psicosociales, más aún en una época en la que la sobrecarga de trabajo se ha disparado. USO afirma que la ausencia del plan es común denominador a todos los juzgados y no exclusivo del Palacio de Justicia, y considera que "el problema es que es tan costoso que no lo pueden llevar a cabo". Desde CSI-F, que ya denunció la situación ante Trabajo, se mantiene que incluso la sede judicial carecía incluso de libro de inspecciones.

El delegado provincial de Justicia de la Junta, Enrique Gaviño, aseguró a este diario que ya se han realizado gestiones con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales para la elaboración del documento pero que hay que esperar a que finalicen las obras de reforma de la sede judicial para abordar el plan. En un primer paso tiene que hacerse el diagnóstico de los riesgos, por lo que hasta que no concluyan las obras no podrá realizarse una radiografía de la situación ya que se trataría de una estructura y de necesidades diferentes de las que tiene el edificio con carácter previo a la reforma.

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